Proyectos mineros ante el temor de la falta de certeza jurídica

Proyectos mineros ante el temor de la falta de certeza jurídica

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Para este día se tiene programada la audiencia pública en el caso de la mina El Escobal, de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), depende el futuro de cientos de familias en Santa Rosa y también de la economía nacional.

La industria minera, con solo dos minas en operación, representa miles de empleos directos e indirectos, generando según cifras del Banco de Guatemala (Banguat) durante el primer semestre de 2017, ingresos por exportaciones de USD$1,791,292,367, dólares americanos.

Es por ello que el sector privado ve con preocupación las resoluciones emitidas por la justicia guatemalteca, que ya se reflejan en la calificación internacional de riesgo país emitida hace una semana por Standard & Poors, que ubica al país en el rango -BB, poniendo en riesgo el futuro de las inversiones.

La oposición a estos proyectos ha llevado a que determinados grupos presenten acciones legales en cuyo proceso ha tenido, en la práctica, la emisión de fallos que paralizan sus operaciones, producto de la suspensión temporal de licencias, como ocurrió con el reciente de Minera San Rafael, en Santa Rosa, en donde el pasado 5 de julio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendió la licencia de operación de forma temporal, al resolver el amparo provisional, en un fallo que, en lugar de brindar certeza jurídica, avivó la controversia

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, aseguró en su momento “que no es posible que una empresa que ha cumplido con los requisitos establecidos para operar, sea suspendida de forma ilegal” .

Y es que once meses antes, el 5 de agosto de 2016, la CSJ emitió otra resolución similar y ordenó el cese de la actividad minera en el sector conocido como La Puya, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

El pasado 31 de mayo, la CC confirmó la resolución, pero dejó en suspenso la concesión de la licencia para explotación, que podrá ser otorgada nuevamente, si el Ministerio de Energía y Minas (MEM), cumple con realizar la consulta comunitaria requerida por los pobladores del lugar.