Cacif pide que los fallos judiciales garanticen la certeza jurídica de las...

Cacif pide que los fallos judiciales garanticen la certeza jurídica de las inversiones

Las resoluciones que paralizan proyectos, merman la competitividad general y envían mensajes negativos a los inversionistas

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Certeza Jurídica, basada en medidas legales, administrativas y judiciales, que garanticen la libertad de industria, comercio y trabajo, es la petición que hace el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a las autoridades judiciales.

La dirigencia del sector privado, durante una conferencia de prensa, advierte los impactos negativos que para el país tiene la falta de una reglamentación del Convenio 169, de La Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque los órganos jurisdiccionales emiten fallos que se contradicen y que cierran empresas por una interpretación variable a dicho Convenio.

“El objetivo del Convenio 169 es propiciar el diálogo de buena fe, por lo que es importante dotar al Convenio 169 de una normativa de consulta que permita cumplir con sus disposiciones de forma clara, y con certeza, en cuanto a sus procedimientos”, afirma Antonio Malouf, presidente del Cacif.

El Cacif considera necesario que, en los casos que se ventilan en los distintos tribunales, antes de emitir las resoluciones se tomen en cuenta aspectos fundamentales que brinda certeza y seguridad jurídica, entre ellos, los siguientes:

  1. Que el Convenio 169 es un instrumento cuya finalidad es propiciar el diálogo de buena fe, y no la paralización de proyectos o la afectación irreversible a la economía nacional.
  2. Que el Convenio 169 es aplicable a aquellas regiones en las que hay presencia de comunidades indígenas, y, por lo tanto, no debe ser invocado en aquellas áreas en las que dicha presencia no se constata.
  3. Que son las comunidades indígenas y sus instituciones representativas quienes deben ser consultadas, y, por lo tanto, debe preservarse esa calidad frente a terceras personas que con intereses particulares se abrogan una supuesta representatividad para paralizar inversiones.

 

  1. La suspensión de operaciones de aquellas empresas cuya inversión se ha efectuado al amparo de licencias legalmente otorgadas y los bloqueos que efectúan por grupos interesados, tienen graves implicaciones en la economía nacional.

    Entre estas, el Cacif destaca la pérdida de empleos, directos e indirectos, que generan las empresas afectadas, los que a su vez dañan la economía doméstica de las familias que dependen de estos salarios.

    Además, hay un grave impacto en la economía nacional, porque se pierde la producción y ello perjudica el desarrollo del área en donde operan las empresas.

    Por lo anterior, consideran “de interés nacional y estratégico, que los tres poderes del estado”, cada uno en su campo, “asuman la responsabilidad de preservar el desempeño de la economía nacional, tal y como lo mandata nuestra carta magna”.