Una corte que promueve la polarización

Una corte que promueve la polarización

Compartir

La retención de dos ejecutivos de Minera San Rafael en Casillas, Santa Rosa, pone en evidencia la falta de certeza jurídica que prevalece en Guatemala, que además de poner en riesgo las inversiones y el desarrollo del país, pone en riesgo la integridad física de las personas.

Argumentando que los pobladores del citado departamento, ya no quieren que vehículos o personal de la compañía transiten por su territorio, obviando el derecho a la libre locomoción establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 26 que indica “que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”, David Howe, gerente de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones y Camilo Medina, gerente de Relacionamiento, permanecieron retenidos en contra de su voluntad por más de tres horas.

Al ser consultado el abogado del Parlamento Xinca, Quelvin Jiménez, aseguró que existió un confusión, pues lo único que pretendían los pobladores era dialogar con los ejecutivos para pedirles que ya no transitaran en su territorio. Sin embargo, el jurista, evitó comentarios sobre el artículo constitucional, que comprueba que incurrieron en un delito.

Quienes también han guardado silencio, son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que fueron responsabilizados por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de generar actos violentos en clara violación a la ley.

Todo indica que a los magistrados poco o nada les importa la polarización que están promoviendo, derivado de la falta de atención al problema que también es causa, de un estancamiento en la economía del país.

A casí 4 meses de celebrada la audiencia pública del caso Minera San Rafael, los magistrados parecen haber olvidado que la ley establece un plazo de 5 días para pronunciarse, luego de escuchar a las partes interesadas, dando muestras que pese a ser considerada como “la más alta instancia de aplicación de justicia en el país” la corte misma, incurre en incumplimiento de las leyes.

¡Asuman su papel y su responsabilidad señores Magistrados!, no se presten al beneficio de intereses particulares y de grupos que únicamente buscan un beneficio propio. No condenen a las comunidades rurales a mantenerse en un sistema de subsistencia, negándoles la oportunidad de crecimiento y desarrollo.

No cierren las puertas a la inversión, no cierren las puertas a la generación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

Es urgente que asumiendo su responsabilidad se pronuncien para evitar que el retraso malintencionado en la aplicación de justicia, siga provocando enfrentamientos innecesarios entre los guatemaltecos.