Convenio 169 de la OIT, ni voto ni veto

Convenio 169 de la OIT, ni voto ni veto

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Con fecha 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Originarios Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el Congreso de la República en marzo de 1996 y ratificado por Guatemala en junio del mismo año.

El Convenio 169 de la OIT se aplica a los pueblos Originarios indígenas y tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan del resto de la sociedad, y que estén regidos, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

El artículo 6 de este convenio, establece claramente los pasos a seguir por parte de las autoridades de gobierno, para entablar un diálogo o consulta, con el fin de llegar a buen puerto estableciendo medios para hacerlo, pero no establece la necesidad u obligación de realizar una consulta per se.

La falta de definición de una figura legal que defina cuáles son “los medios a implementar” en casos como los citados anteriormente, es motivo para que existan diferencias de criterio que han ocasionado la paralización de proyectos productivos y de desarrollo como el de las hidroeléctricas Oxec I y II.

El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, reconoció públicamente la necesidad de contar con un reglamento para realizar consultas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuyo proceso de redacción lidera la actual ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario.

El Convenio 169 adquirió su vigencia desde 1996, actualmente no hay mayores consultas realizadas sobre esta línea porque no existe una reglamentación definida y nosotros lo que implementamos fue un procedimiento requerido por parte de las Cortes para avanzar en la temática”, aseguró.

También expuso la necesidad de una reglamentación para facilitar el camino en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Sobre el costo promedio para realizar una consulta comunitaria, indicó que asciende a un estimado de 500 mil quetzales, además de conllevar la movilización de personal, para trabajo administrativo y de campo, y toda una logística para que el proceso se lleve a cabo.

Es un número significativo” aseguró Chang, agregando que la paralización de actividades en el proyecto de Minera San Rafael, representa pérdidas de miles de millones de quetzales, y el ministerio necesita recursos para realizar las consultas.

¿Qué hacemos entonces?, ¿paralizamos las hidroeléctricas?, la gente quiere energía más barata y son las hidroeléctricas las que la hacen más barata” aseguró.

Al respecto, la funcionaria afirma que “el problema que hemos encontrado es la falta de conocimiento y entendimiento al Convenio 169, es muy poca la información que existe”.

La OIT responde: “no es un reférendum, no es un plesbicito”
Carmen Moreno, directora del Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, resumió que “la consulta es un diálogo, no una votación o plebiscito”.

Mining Works: ¿Qué es y qué no es una consulta?
Carmen Moreno:Lo dice el Convenio 169 (C169): es establecer las consultas relativas a las medidas que pueden afectar la vida de una comunidad indígena. Es como su palabra lo indica, consultar, partiendo de la buena fe, la confianza y de una información previa, veraz y confiable, relativa a esa medida que se tomará. A partir de esto, establecer un diálogo para que los pueblos indígenas conozcan, la medida y sus efectos, para poder superarlos, potenciar los efectos positivos de esa medida a favor de la comunidad, o si son negativos, mitigarlos”.

Es una consulta, no es un referéndum, no es un plebiscito, es un diálogo de buena fe entre dos partes, el gobierno y los pueblos indígenas, para potenciar los beneficios de cualquier medida que se tome.

Mining Works: ¿Da el Convenio un derecho a veto?
Carmen Moreno:El convenio no da derecho a veto. La única situación a considerar, porque la medida es mayor, es cuando se trata de la reubicación de los pueblos indígenas. En ese caso, llegar a un “sí acepto”, es mayor que otros casos, pero aun así, el Estado puede definir esta situación, si esa reubicación va en beneficio del bien general”.

Mining Works: ¿Está en contra de los proyectos productivos?
Carmen Moreno:El convenio es un instrumento de buena gobernanza, de contribución al desarrollo y al crecimiento. No tiene nada que ver con lo que se plantea. Lo que establece es que ante cualquier medida de interés nacional, pero que afecta a los pueblos indígenas, busquemos un mecanismo de diálogo para que todos nos beneficiemos”.

Mining Works: ¿Las consultas solo son para proyectos productivos?
Carmen Moreno:El Convenio no solamente se refiere a proyectos de inversión, se refiere también a cualquier legislación respecto a la salud, a la educación, al empleo. Lo mismo se consulta un tema de inversión, que se consulta una política nacional de empleo, una nueva ley de educación, en la cual se tomen en cuenta las aspiraciones de los pueblos indígenas, para verse reconocidos, por ejemplo, en esa política de educación, en cuanto a preservar sus lenguas, conocer su propia historia, se tome en cuenta la interculturalidad del país”.

Mining Works: ¿Qué sucede cuando no se reglamenta la consulta?
Carmen Moreno:Lo que existen son controversias, conflictos y descontentos de todas las partes. Lo mejor es ponerse en línea con el Convenio y buscar los mejores procedimientos para fomentar la participación de los pueblos indígenas en aquellas decisiones que les afecten”.

Mining Works: ¿Han dialogado con el gobierno respecto a reglamentar las consultas?
Carmen Moreno:Desde 1996. Se trabajó con la administración anterior, pero en la actual se trabaja en hacer consultas, talleres para explicar el alcance que tiene el Convenio y poner las expectativas en línea con el Convenio. También acerca de cómo se podrían llevar adelante estas consultas, con el fin de llegar a una serie de procedimientos que faciliten el diálogo entre el gobierno y las poblaciones indígenas”.

Es algo que interesa a todos, gobierno, pueblos indígenas, sector privado, y percibimos que hay mucha voluntad para lograrlo. Estoy segura que con una buena aplicación de la consulta por medio de un diálogo de buena fe, abierto, sincero, vamos a ganar todos.

Mining Works: ¿El Convenio recomienda que los tribunales de justicia suspendan proyectos si no se realizó la consulta previa?
Carmen Moreno: “El Convenio no se mete en ese tipo de cosas. Da una guía para generar seguridad jurídica y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las decisiones de las cortes deberían estar inspiradas en el Marco del Convenio, en que el interés de los pueblos indígenas no puede estar por encima del interés general y en que, en aras del interés general, vale todo. Hay que saber ponderar el bien general sobre el interés particular“.

Mining Works: ¿Hay alguna alusión a las prioridades de desarrollo de esos pueblos en el Convenio 169 de la OIT?
Carmen Moreno: “Los pueblos originarios tienen derecho de decidir sus propias prioridades respecto de su desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar lo más posible su propio desarrollo económico, social y cultural“.

Además, deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les afecten.

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo de sus regiones.

Mining Works: ¿Se establece un trato especial en los procesos penales para las personas de pueblos originarios?
Carmen Moreno:En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales y sus características económicas, sociales y culturales”.

Deberá, además, darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Mining Works: ¿Cómo trata el Convenio 169 de la OIT la relación de los pueblos originarios y la tierra?
Carmen Moreno: “Según el Convenio 169 de la OIT, los gobiernos deberán respetar la importancia especial de la relación con las tierras o territorios que tienen las culturas y valores espirituales de los pueblos y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.

Deberá reconocerse a los pueblos, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades y de subsistencia. Por otro lado, deberán instituirse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo podrá hacerse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas de su traslado y reubicación. Deberá indemnizarse a las personas trasladadas y reubicadas.

Además, el Estado tiene la obligación de proteger especialmente los derechos de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

¿Y ahora que resta?
El Convenio 169 adquirió su vigencia desde 1996, actualmente no hay mayores consultas realizadas sobre esta línea porque no existe una reglamentación definida y nosotros lo que implementamos fue un procedimiento requerido por parte de las Cortes para avanzar en la temática” afirma el ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Lamentablemente para quienes no conocen Guatemala, cuando cualquier empresa internacional que cumplió con todos los requisitos de ley se le revoca una licencia de operación, es la peor señal que se puede dar a nivel internacional”, asegura el experto, Hugo Maul.

A criterio del analista esta situación genera incertidumbre puesto que el país está perdiendo terreno en todo tipo de inversiones “la señal que se manda al exterior es que realmente en Guatemala aunque se cumpla con la ley en materia de negocios, de inversiones, pueden venir las cortes y decir totalmente lo contrario”.

Con el panorama claro, solo resta esperar la decisión que la Corte de Constitucionalidad, debe tomar sobre el Caso de Minera San Rafael, tomando en cuenta el concepto de la OIT, sobre el término de “consulta”. Pero también es necesario reglamentar el convenio, ante las pérdidas significativas que representa para el país, la paralización de proyectos productivos, como el de Minera San Rafael.