Solicitarán medidas cautelares por cierre de proyecto minero Fénix

Solicitarán medidas cautelares por cierre de proyecto minero Fénix

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Este  8 de agosto una delegación de cinco personas, entre ellas representantes de la Asociación de Mineros Solidaristas de El Estor, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y comerciantes individuales, solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias medidas cautelares.

La solicitud de las mediadas son derivadas a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender temporalmente las operaciones de la mina Fénix en El Estor, Izabal.

El representante de la compañía, Mynor Álvarez, dijo “que los magistrados de la CC no informaron de cuándo tendrán la resolución” por dicha razón  los interesados decidieron organizarse, y viajarán a Washington DC a solicitar tres medidas cautelares que señalan vulneración del derecho al trabajo, derecho a la libertad de industria y comercio y derechos fundamentales de las comunidades.

El pasado 25 de julio, se llevó a cabo la audiencia de vista pública ante la CC en relación con el amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, y por lo que los magistrados decidieron suspender provisionalmente las operaciones de mencionada mina, administrada por la CGN.

Debido al cese de las operaciones de mina Fénix, comunitarios, trabajadores y comerciantes  expresaron su preocupación por el tiempo que lleva la CC de no resolver la medida impuesta de manera definitiva.

Álvarez agregó que debido a la incertidumbre que afrontan los afectados, tomaron la decisión de presentarse ante la CIDH. También resaltó que la comitiva viaja con sus propios recursos, aunque los representantes de la mina brindarán el acompañamiento correspondiente.

Humberto Mateus, director administrativo de la  Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) Pronico, indica que la suspensión de operaciones de la mina pone en riesgo 2 mil empleos directos y mil indirectos.

Mateus asegura que la empresa está en desacuerdo con la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad, pues el proyecto minero realizó su primera consulta entre 2005-2006, antes de iniciar operaciones, y llevó a cabo un proceso de actualización a petición de las comunidades, en 2018.

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