Reactivación económica nacional: Un trabajo conjunto entre los poderes de Estado

Reactivación económica nacional: Un trabajo conjunto entre los poderes de Estado

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Según las previsiones del Banco de Guatemala (Banguat), basadas en los ajustes a las proyecciones de crecimiento económico, este año el país tendrá una desaceleración del 0,5 por ciento derivado de la crisis generada por el covid-19.

Al inicio de 2020, la banca central estimaba su proyección de crecimiento en un 3.8 por ciento. Sin embargo la propagación mundial del coronavirus, ha generado un impacto negativo sensible. Según el Banguat, entre los sectores afectados destacan el hotelero, servicios y comida, con una caída estimada de hasta un 9.6 por ciento, equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del país.

Construcción, con una caída del 5,5 por ciento, explotación de minas y canteras con 4, 6 por ciento, transporte y almacenamiento con 3,7 por ciento y la industria manufacturera con 1,9 por ciento. Se suman a los sectores productivos en riesgo, que en conjunto representan el 24, 3 por ciento de los ingresos anuales del PIB.

Ante el panorama económico actual, el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, considera que la inyección de fondos provenientes de la ampliación presupuestaria aprobada para el Estado, permitirá reactivar la economía e impulsar los ingresos tributarios.

Estos fondos nos permitirán dinamizar la economía y frenar una baja en la recaudación y lograr frenar los efectos económicos negativos de la pandemia”, aseguró el vicemandatario.

Según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, (Fundesa), el primer efecto negativo son los términos macroeconómicos de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el gobierno, que serán evidentes en el nivel de endeudamiento público.

El segundo se reflejará en las medidas de emergencia implementadas por el Gobierno y su impacto en la economía nacional, mientras se avanza en la ayuda financiera para familias y empresas. Estas, deben ir de la mano con una estrategia efectiva para la recuperación económica a mediano plazo, que permita reiniciar las actividades productivas y así equilibrar la economía.

¿Tienen solvencia las arcas estatales?

Registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), detallan que durante el primer trimestre del año, los ingresos tributarios superaron los Q15 mil 725 millones, cifra que superó en Q192 millones la meta del ente recaudador.

Para abril la recaudación registró una drástica disminución, situándose en Q5 mil 523 millones, debido a la merma en facturación por concepto de consumo, principalmente de combustibles.

Ante la coyuntura, la SAT plantea tres escenarios posibles en el tema tributario. El nivel más bajo sería una caída estimada en Q5 mil 498 millones, un intermedio de Q4 mil 749 millones y el nivel más alto en Q4 mil millones.

Pese a ello, Marco Livio Díaz, Superintendente de Administración Tributaria, considera “que será a finales de mayo, cuando se pueda fijar un panorama claro sobre el comportamiento de la economía nacional y los ingresos tributarios, pues ya estarán en circulación los 11 mil millones de la ampliación tributaria, destinados a programas de apoyo a la población guatemalteca, afectada en sus finanzas a consecuencia de la pandemia”.

Remesas y exportaciones

En abril pasado, el ingreso por remesas provenientes de guatemaltecos residentes en el extranjero, fue de USD690.76 millones de dólares según registros del Banguat. Sin embargo, en marzo los ingresos por este concepto, fueron de USD746,78 millones. Pese a la disminución registrada, de enero a abril de este año, las remesas suman más de USD3 mil 80 millones de dólares, evidenciando un incremento del 0,32 por ciento en relación con el 2019.

Hasta ahora el sector exportador no ha resentido el impacto de la pandemia, pues mantiene un ritmo positivo al pasado 30 de abril, con un crecimiento del 15,2 por ciento. Los productos con mayor demanda son: el cardamomo, azúcar y banano.

Según la banca central, los ingresos por remesas han disminuído desde el inicio de la pandemia.

Leyes para agilizar la reactivación económica

Esta semana se tenía previsto que el Congreso conociera en primera lectura la Ley de Leasing, normativa orientada a permitir que por medio de un contrato de arrendamiento, se tenga opción a compra de un bien inmobiliario. Esta opción según la propuesta se extiende a maquinaria y otros bienes.

El Presidente de la Comisión de Economía, Enrique Montano, destacó “que el objetivo de esa ley es beneficiar a los pequeños y medianos empresarios que no disponen de capital de trabajo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por ello será un instrumento que dinamizará la economía”.

Sin embargo ante la falta de quorum, además de esta iniciativa quedaron a la espera de conocerse las propuestas de ley de Trabajo de tiempo parcial, ley de Insolvencias y la ley de Contrataciones, que debía ser aprobada en tercera lectura.

Para el presidente del colegio de Arquitectos de Guatemala, Eduardo Aguirre, es urgente la aprobación de estas leyes, a las que se suma la Ley de Interés Preferencial que ya pasó en tercera lectura y la Ley de Reactivación Económica para el Ahorro de la Vivienda Familiar.

De esta forma, se lograría la reactivación de la economía con fácil acceso a créditos para vivienda, dinamizando a los sectores productivos y generando nuevas fuentes de empleo.

¿Y qué hay de los organismos Ejecutivo y Judicial?

Aunque en primera instancia el Organismo Ejecutivo planteó un programa emergente para rescatar la economía, es evidente que los esfuerzos por lograrlo deben ir de la mano con la realidad que representa el convivir con la pandemía y mantener a flote al sector productivo nacional.

Pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas a consecuencia del aislamiento social y la disminución en las actividades de consumo, elevando con ello el índice de desempleo en el país.

A ello se suma la paralización de sectores productivos importantes, que citados anteriormente con datos del Banco de Guatemala, representan un importante porcentaje del PIB. Entre ellos destaca además del sector contrucción que mantenía previsiones favorables hasta antes de la pandemia, el sector de minas y canteras.

Hasta hoy proyectos extractivos como Fénix, en el Estor Izabal, El Escobal, en Santa Rosa, Progreso VII Derivada ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; e hidroeléctricos como: La Vega I y II, en Nebaj, Quiché y Renace en Alta Verapaz, mantienen el cese de sus operaciones por orden de las cortes del país.

Pese al desempleo que creció derivado de estas disposiciones, al crecimiento de la migración, al riesgo de demandas internacionales que ello representa para el Estado de Guatemala, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), siguen sin definir una fecha para resolver los recursos que podrían dar paso a la reanudación de actividades en estos proyectos.

Desde el inicio de su gobierno el presidente Alejandro Giammattei mostró su disposición de trabajar en conjunto con las cortes, para lograr la reactivación de este importante sector productivo, fundamentado en las leyes vigentes. Para lograrlo se envió a la CC una consulta de opinión consultiva, que también sigue sin respuesta, de parte de la máxima instancia de justicia del país.

Mientras llega la esperada respuesta, en el Organismo Ejecutivo, existe el temor de posibles demandas internacionales por el cierre de estos proyectos, que a criterio del Vicepresidente Guillermo Castillo, representan inversión, desarrollo y empleo para Guatemala.

Ante el papel que juegan los tres poderes de estado en el actual estado de emergencia que vive el país, el del Organismo Judicial es clave, para lograr sobrellevar la crisis y reactivar la economía, resolviendo los amparos pendientes. O bien permitiendo la reactivación de los proyectos citados mientras emiten una resolución definitiva.

Estudios presentados sobre este tema por el El Central American Business Inteligence (CABI) confirman que se han perdido miles de millones de quetzales por concepto de regalías. Al aspecto económico también se debe sumar, la falta de certeza jurídica que ha impactado el clima de negocios en todo el país, derivado de la caída de importantes inversiones.

Ante la situación actual, lo preocupante es que mientras en la CC, analiza estos casos, el Estado sigue perdiendo miles de quetzales por concepto de regalías e ingresos, que podrían utilizarse para hacer frente a la pandemia que sigue avanzando, haciendo con ello, más acertadas las previsiones poco alentadoras del Banguat, para el año 2020.

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