TRECSA sigue firme con el proyecto PET en Guatemala

TRECSA sigue firme con el proyecto PET en Guatemala

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Astrid Álvarez, presidenta del Grupo Energía de Bogotá es optimista cuando habla de la trayectoria de la empresa Trecsa en Guatemala, pues –obstáculos, resistencia y atrasos aparte– la multilatina no ha perdido de vista el propósito original de expandirse en la región.

Cuando llegamos a Guatemala en 2009, luego de haber ganado una licitación estatal, (lo hicimos) con la idea de expandirnos hacia el sur en Centroamérica y hacia el norte en México, pero esa expansión solo es posible si se concluye el PET 2008-2018 y el anillo de transmisión alrededor del país”. Eso permitiría seguir creciendo hacia los dos puntos cardinales.

El grupo está en el negocio de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y el transporte y distribución de gas natural.

Tenemos todos los negocios de la cadena energética: electricidad y gas. Podemos hacer todo tipo de negocios en Centroamérica mientras exista mercado”, dice Álvarez, sin entrar en detalles de las posibilidades, pues su principal derrotero en la región es terminar el proyecto transmisión en Guatemala.

El GEB por medio de TRECSA fue contratado por el Estado de Guatemala para desarrollar el PET como parte de la política energética del país.

Tiene a su cargo la construcción de más de 850 kilómetros de líneas de transmisión, la construcción de 12 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones, con una cobertura en 15 de los 22 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades.

A la fecha y en una década ha invertido más de US$500 millones, lleva completado el 74% del PET un porcentaje que equivale e a 526 km de líneas y 700 km de servidumbres construidas y 19 de 23 subestaciones terminadas para transportar el 52% del total de energía previsto por la licitación.

Al concluir el PET y desarrollar infraestructura eléctrica en los municipios del interior del país, se espera una reducción de apagones y la posibilidad de incorporar nuevas centrales de generación de energía hidráulica, solar, geotérmica, con carbón y biomasa, entre otras.

Reducir el precio del servicio de electricidad será otro de los beneficios. Trecsa también puso en funcionamiento del Anillo Periférico Sur (APS) que conecta seis ingenios en la costa sur del país que juntos tienen capacidad para generar energía equivalente al 20% de la demanda nacional de electricidad.

Álvarez explicó el reto: “Se requiere mayor coordinación por parte del gobierno nacional y leyes que den mayor seguridad a inversionistas como nosotros”. S

e refirió a legislación relacionada con expropiación y manejo de tierras, por mencionar dos ejemplos: “En los proyectos nacionales, la gestión de servidumbres ante propietarios privados debería facilitarse. Son proyectos de interés general y no particular, pretenden mejorar la calidad de energía y que su distribución en las ciudades sea más eficiente, para que la tarifa de electricidad también baje”.

Pero la falta de coordinación hace que los inversionistas “tengan que trabajar el doble”, compara, y es por ello que insiste en que el progreso de las comunidades depende de la mano de todos los sectores: Gobierno, sector privado y ciudadanía.

Las alianzas con el gobierno central, los alcaldes, las comunidades y los bancos de cooperación son clave. “Queremos llevar progreso a las comunidades y buscamos aliados para hacerlo. No podemos solos”.

Ante nuestras comunidades somos claros y honestos. Les contamos el impacto positivo y negativo de los proyectos”, asegura Alvarez. Aun así, desde su punto de vista, quienes se oponen y consideran que hay comunidades afectadas por TRECSA, no quieren escuchar y así como siempre habrá comunidades que se opondrán a los proyectos, considera que “la mayoría quiere el progreso”.

Además, explica: “En muchos sitios nos ha tocado ajustar los trazados de terrenos. Respetamos las leyes comunitarias y nacionales, porque nuestro gobierno corporativo es muy estricto”, admite.

Trecsa debe pasar con 20 torres de transmisión lejos del casco de la ciudad de Antigua Guatemala

Lleva cerca de ocho años solicitando todos los permisos que se requieren y al cumplir ese paso habrá completado el 80 % del plan proyectado. El desafío mayor está en el occidente del país en donde las comunidades se oponen a los proyectos de transmisión. “Debemos convencerlos de que con el Grupo Energía de Bogotá tienen progreso”, reconoce Álvarez, y para ello propone conservar los bosques, consumir menos leña y proteger los recursos hídricos.

Cuando Álvarez se refiere a los retos institucionales advierte: “Si los países no avanzan en aspectos que los incluyan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión no va a llegar. Nos interesa que los países avancen en la hoja de ruta de la OCDE con instituciones fuertes, ejemplos y lecciones aprendidas de otras naciones. Además de pensar en el futuro de las inversiones, de interconectar el sur de Centroamérica y el norte con México o pensar en gas para otros países, estamos trabajando fuertemente con las instituciones, porque de lo contrario no habrá inversión regional. Somos un emisor de valores que trabaja no solo en la rentabilidad de los accionistas, sino en la rentabilidad social de las comunidades”.

Esa rentabilidad se ve afectada cada vez que Trecsa encuentra algún obstáculo para terminar el PET y su propio proyecto de expansión.

El más reciente se le presentó el 15 de enero de 2019, cuando la Corte de Constitucionalidad dispuso dejar sin efecto el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que declaraba de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras a desarrollar por parte de TRECSA.

El artículo 129 de la Constitución declara de urgencia nacional la electrificación del país y por lo tanto no impide su desarrollo, pero la medida obliga a multiplicar los esfuerzos de coordinación pública y privada, para que la energía llegue mejor a las comunidades.

 

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