Un auto para mejor fallar y así garantizar la certeza jurídica

Un auto para mejor fallar y así garantizar la certeza jurídica

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Desarrollo económico, social y en infraestructura van de la mano cuando se promueven fuentes de empleo y se inyecta capital a la economía de un país. Todo ello derivado de un clima atractivo para las inversiones, que incluya certeza jurídica como garantía de éxito para los potenciales inversores nacionales o extranjeros.

Pese a la importancia que los sectores productivos representan para las finanzas de un país, existen obstáculos que deben superarse, particularmente de naturaleza jurídca.
Un caso que debido a la coyuntura debe ser objeto de análisis es el de Minera San Rafael, que a más de 300 días del cese de operaciones, sigue a la espera de que la Corte de Constitucionalidad, emita un fallo que les permita continuar.

Recientemente el Central American Business Inteligence -CABI- presentó su estudio “Impacto económico y fiscal de los proyectos mineros en Guatemala”, citando a dos de las compañias extractivas más grandes que operan en el país: Goldcorp a cargo de Mina Marlin y Tahoe, responsable del proyecto El Escobal, de Minera San Rafael.

Según el documento presentado, la inversión de las empresas citadas anteriormente, asciende a más de USD2 mil millones, en un lapso de diez años. Cifra que representa para el Estado de Guatemala, más de Q3 mil 500 millones en pago de impuestos y regalías.
Este monto representa un elevado porcentaje de los recursos que ingresan a las arcas estatales, y que posteriormente son distribuidos entre las distintas dependencias para su ejecución en programas de gobierno.

También se incluye en las estimaciones de crecimiento económico del país, representando una garantía para potenciales inversores, al convertirse en referente de estabilidad y certeza jurídica.

Caso Minera San Rafael y el auto para mejor fallar

En marzo pasado, la Corte de Constitucionalidad, solicitó varios informes al Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Estudios Interétnicos (Idei), al Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas (Cesem) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) y al Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB), de la Universidad del Valle de Guatemala, haciendo uso de la figura legal conocida como, “Auto para mejor fallar”.

Según el artículo 197 del Código, Procesal, Civil y Mercantil Artículo 197. (Auto para mejor fallar). Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer: 1o. Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes; 2o. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho; y 3o. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso.

Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de quince cías. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno, y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda.

“Se entiende como auto para mejor proveer la facultad que tiene el juez con el único fin de que pueda completar su ilustración y conocimientos sobre los hechos, como antecedentes necesarios de su sentencia, permitiéndosele despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción de los hechos de la causa”, asegura Marvin Recinos, abogado penalista.

La decisión de los magistrados llegó cinco meses después de celebrada la audiencia pública del caso, generando reacciones de descontento, al considerar que el caso ha excedido los plazos establecidos en ley y por lo tanto, era innecesario solicitar más informes para emitir un fallo definitivo.

Dave Howe, gente de país de Minera San Rafael, indicó que esta situación, aleja a potenciales inversionistas extrajeros: “No son solo a los accionistas de nosotros, es a todo el mundo, quién va a querer invertir en Guatemala cuando ve nuestro caso. Ahora queremos hacer más minería, hacer más inversión, pero el dinero va a otros países, va a Perú, a Canadá.

Guatemala está perdiendo esta inversión nuestra, y seguramente algunas otras empresas que quieren venir, van a pensar dos veces por la incertidumbre que hay.”
Los informes requeridos ya fueron entregados desde la segunda y tercera semana de abril. Trascendió que el pleno conocería el expediente del caso, para emitir una resolución fundamentada en los informes recibidos y tomando como base una sentencia previa emitida en el caso Oxec, de ser así, la decisión podría conocerse en los próximos días.

El director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala , (CIG) Javier Zepeda, considera que se debe devolver el clima de confianza a los inversionistas como paliativo para generar empleo y poder reglamentar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ello sumado a que la Corte de Constitucionalidad “resuelva para que la Mina San Rafael puedan seguir operando, pueden ser dos señales muy importantes para devolver esa confianza que se ha perdido al inversionista, al empresario sobre todo, a los guatemaltecos que reciben el beneficios a través del empleo para contrarrestar la pobreza en el país”