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Todos los sectores deben participar en la elaboración del reglamento al Convenio 169

Presidente Morales señala que llevan 87 procesos de validación

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La participación de todos los sectores, empresarial y sociedad civil, es primordial para la elaboración del reglamento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, para definir el tema de las consultas, expresó el presidente Jimmy Morales.

El mandatario, durante una conferencia realizada junto con Luis Chang, ministro de Energía y Minas, aseguró que bajo el liderazgo de la ministra de Trabajo, Aura Teleguario, se desarrolla un proceso que inició en noviembre de 2015, cuando ya se había confirmado su triunfo y empezaba el proceso de traspaso.

“Actualmente, el Misterio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y la Cancillería, han estado trabajando en la temática del referido convenio”, afirmó Morales

Según el gobernante, al trabajo interinstitucional se han sumado la propia OIT, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD ), entidades que han acompañado los cerca de 87 procesos de validación del proyecto, que se ha socializado para que este no sea rechazado por la Corte de Constitucionalidad(CC).

El ministro Chang afirmó que en Quiché y Alta Verapaz se han tenido encuentros cuyo fin es la construcción de acuerdos de buena fe entre las partes interesadas.

“El convenio 169 es un acuerdo de los tres Poderes del Estado, en donde el Ejecutivo ha tomado el liderazgo y se han llevado a cabo diferentes actividades en la búsqueda de esos concesos de buena fe, en concordancia con las comunidades”, explicó Chang.

El 27 de junio del año 1989, la OIT aprobó el Convenio 169, cuya vigencia inició en septiembre de 1991. Su finalidad es proteger el derecho consuetudinario, la cultura, las tradiciones, las instituciones, los valores, la religión, los bienes, el trabajo y el ambiente natural de los pueblos indígenas y tribales.

El 5 de mayo de 1996, el Congreso de la República de Guatemala ratificó el convenio, pero el decreto de ratificación incluyó una “reserva”, destinada a garantizar que el cumplimiento del convenio no transgrediría la Constitución Política.

Desde entonces, se tenía que haber elaborado un reglamento que definiera los conceptos y aplicación del término consultas a los pueblos indígenas, cuya falta ha propiciado diversas interpretaciones, según el interés del grupo o entidad que se trate.

El reglamento es fundamental para garantizar que los proyectos e inversiones privadas, no se paralicen con la excusa de la falta de una consulta, cuando en algunos casos se ha cumplido con este requisito, pero no de la forma en que lo interpreta un grupo.