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Sin una sentencia en firme, no hay fecha para el inicio de la consulta

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El caso Minera San Rafael sigue en un limbo legal

Fueron necesarios más de 300 días para que en 554 folios la Corte de Constitucionalidad (CC) se emitiera una resolución que solo aumenta la incertidumbre jurídica en el país.

El pasado 3 de septiembre la Corte de Constitucionalidad resolvió, otorgar en definitiva el amparo interpuesto por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), por la violación al derecho de consulta del Pueblo Xinca, en San Rafael las Flores, Santa Rosa.

“La Minera San Rafael puede seguir funcionando con la condición de que se efectúe la consulta inmediatamente. Esa orden lleva los apercibimientos legales y el que debe efectuar la consulta es el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM)”, anunció entonces el magistrado Boanerge Mejía.

Basándose -según la resolución de los magistrados- en lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la corte ordenó al MEM llevar a cabo una consulta en el área de influencia del proyecto El Escobal, paralizado desde el 4 de julio de 2017.  Al cumplirse este requisito, la compañía podrá reiniciar operaciones.

Tras conocer el fallo, el sector productivo agrupado en la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se pronunció mediante un comunicado, pidiendo al Organismo Ejecutivo, accionar para que  “de manera inmediata, inicie el proceso de consulta con el objeto de que Minera San Rafael (MSR) pueda continuar operando” y que “dicha consulta tiene que hacerse apegado al texto del convenio 169 de la OIT de forma independiente y sin influencia de terceros que desde ya están buscando atrasar el proceso”.

Aunque el convenio fue citado por los magistrados a la hora de emitir el fallo, al parecer, no tomaron en cuenta que el Convenio 169 OIT establece un diálogo de buena fe entre las partes involucradas y ello además de los pobladores del lugar, incluye a los trabajadores de la compañía, al gobierno y a la sociedad en general, pues todos se han visto afectados de forma directa, resintiendo el impacto que representa el cese de operaciones del proyecto, tanto para la economía familiar como para la del país.

Esta resolución viene a destruir la poca certeza jurídica que la Corte había dado con la resolución de Oxec. Bajo ningún punto de vista ninguna empresa, operando legalmente, tiene que ser suspendida” afirmó el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) Juan Carlos Teffel.

Para Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, hubo un “retardo injustificado” en la resolución, por lo que hay un incumplimiento “por mucho” del plazo establecido en la Ley de Amparo para emitir una resolución. A ello, se suma que la CC cambió su criterio en relación con el fallo emitido para el caso de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, en donde “resolvió restablecer la operación para no causar más daños irreparables y dio un año para hacer la consulta por medio del MEM”.

Pero en el caso de MSR la situación es distinta, ya que la orden es que se mantenga la suspensión y podrá retomar labores hasta que se cumpla con el proceso de consulta. No se establecen tiempos y mucho menos, se permitió continuar con las operaciones del proyecto, sin importar las repercusiones económicas que ello conlleva.

“Ese cambio de criterio, al tratar de forma diferente a la mina de como lo hizo con las hidroeléctricas, es una inconsistencia grave. Están interpretando el mismo Convenio (169 de la OIT), sobre una misma licencia que otorgó el mismo MEM”, afirmó Ralón.

Sin un fallo en firme, no puede iniciar la consulta

La ley establece que luego de emitir una resolución, la Corte de Constitucionalidad tiene un plazo de 48 horas, para dejarla en firme. Hasta hoy, han transcurrido 27 días y los magistrados siguen sin pronunciarse.

Luis Chang, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), al preguntársele sobre la consulta, afirmó que deberán esperar que la CC resuelva las solicitudes de aclaración y de ampliación solicitadas por otras partes del caso.

El Parlamento del Pueblo Xinca, CALAS y proveedores de la compañía minera, solicitaron a la CC una ampliación y aclaración del fallo, por lo que deben esperar la resolución de los magistrados a sus solicitudes.

No puedo precisar un tiempo específico, que llevará la consulta indígena para el caso de Minera San Rafael. Aún no tenemos la sentencia en firme, con lo cual todavía no podremos iniciar el presente proceso”, aseguró el titular del MEM.

Agregó que aunque la Corte establece, quiénes son los actores que se deben convocar para la preconsulta, la invitación se hará hasta que quede firme el fallo.

La Comisión de Energía y Minas, citó al titular del MEM, solicitando que en el menor tiempo posble, sea trasladado a esta sala de trabajo, un informe de la programación prevista para dar inicio al proceso de consulta.

Ante la falta de tiempos exactos para dar inicio al trámte, el diputado Luis Hernández Azmitia, integrante de la citada comisión, lamentó que se estén dando tantas largas a la resolución, pues con cada día que pasa se están perdiendo fuentes de empleo y recursos para el Estado.

Consecuencias económicas

El lunes 17 de septiembre, Minera San Rafael anunció el cuarto despido de personal en lo que va del año, pese a que ya se tiene una resolución, el cese de operaciones en el proyecto El Escobal, impide seguir manteniendo a la planilla que se ha reducido a lo mínimo para el mantenimiento de la planta y las actividades administrativas.

En total 872 colaboradores han perdido su empleo y con ello, su fuente de ingresos. La empresa canceló por concepto de liquidación un total de  Q11 millones 123 mil, a los que se suman Q36 millones que se han pagado en los tres recortes anteriores.

El vicepresidente de la Tahoe Resources y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, indicó en su momento que se vinculará de nuevo al personal en cuanto la minera inicie operaciones. Sin embargo, también reconoció que mucho de ellos migraron en busca de mejores oportunidades de trabajo.

Desde que se ordenó el cese de operaciones de la minera, el Estado ha perdido en concepto de regalías e impuestos un promedio de Q500 millones. Durante los tres años de operaciones, MSR pagó casi Q1 millardo por concepto de impuestos y regalías.

Tomando en cuenta estas cifras, se entiende la decisión del Banco de Guatemala (Banguat), de reajustar el pasado mes de julio, el índice de crecimiento económico previsto para 2018 entre un 3.2 y un 3.8 por ciento. Ello, tomando en cuenta la posibilidad de recibir un fallo de la CC durante el primer trimestre del año, y que permitiera a la compañía seguir operando.

Debido a que la resolución llegó hasta el segundo semestre del año, las expectativas cambiaron de forma radical, obligando a la banca central a manejar un porcentaje de entre 2.8 y 3.2.

Según el Banguat, por cada trimestre que minera San Rafael siga sin operar, se debe restar el 0.3 por ciento a la proyección de crecimiento económico.

Otros aspectos que preocupan de la resolución emitida

La corte debió apegarse al acto reclamado que era la ausencia de una consulta en el área de influencia del proyecto y tomar en cuenta todos los aspectos que conlleva: mantener un proyecto de tal magnitud paralizado.

En su resolución, se nota la ausencia de un análisis del impacto económico que no fue ni requerido, ni incluido dentro del expediente por parte de los magistrados, pero si fueron tomados en cuenta estudios antropológicos y de impacto ambiental.

Para Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amchan). “No existe una base para mantener suspendidas las operaciones de la mina. Si no hubo base para hacerlo en el caso Oxec no lo hay tampoco para el caso de la mina. El resultado de una consulta no es una suspensión, entonces no hay motivo para que quede suspendida hasta que se dé la consulta”.

Además, la corte decidió cuáles y hasta dónde llegan los límites para realizar la consulta. Aspecto, que antes de conocer el fallo, le competían exclusivamente al Gobierno.

Ante esta situación, la CIG solicitó a los magistrados,  “eliminar más atrasos y dejar en firme la sentencia, evitando retardos innecesarios a través del uso de medidas dilatorias, como lo son las solicitudes de aclaración interpuestas por algunos partes que únicamente buscan demorar el inicio del proceso de consulta”.

Además hicieron un llamado al Gobierno de la República para que, “de manera inmediata, inicie el proceso de consulta con el objeto de que Minera San Rafael pueda continuar operando”.

Mientras MSR, asegura que sigue a la espera de que el fallo quede en firme, pues siempre han actuado apegados a derecho, lo que queda claro con este caso, es la necesidad imperiosa de contar con un marco jurídico creíble para la correcta aplicación de la consulta establecida en el Convenio 169. Mientras esto no se concrete las inversiones extranjeras difícilmente vendrán a Guatemala.