Sin inversiones, sin empleo y sin certeza jurídica

Sin inversiones, sin empleo y sin certeza jurídica

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La falta de certeza jurídica ha quedado evidenciada con resoluciones contradictorias emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC), en casos emblemáticos como el de las hidroeléctricas Oxec 1 y 2, así como el de Minera San Rafael, circunstancias en las que muchos sectores coinciden en señalar que el país no ofrece garantías para futuras inversiones nacionales o extranjeras.

Los registros de la Cámara de Comercio dan cuenta de agremiados que han decidido trasladar sus inversiones a otros países centroamericanos, que ofrecen mayores garantías para expandir sus capitales y, con ello, miles de empleos e impuestos también emigran.

¿Por qué las resoluciones de la CC son contradictorias?, pues porque en el caso de las hidroeléctricas los magistrados resolvieron que las empresas pueden continuar con sus operaciones, mientras se realizan las consultas pertinentes con los pobladores y en el caso de minería, la situación es diferente.

Cuando el alto tribunal conoció la apelación de Minera San Rafael, cuyo objetivo era que le permitieran continuar con sus operaciones, la corte confirmó la suspensión provisional de actividades, dejando en el limbo a miles de personas que dependen directa e indirectamente de la actividad extractiva.

En ambos casos, hidroeléctricas y minería, origen del amparo que llevó a la suspensión de operaciones fue la falta de una consulta previa. Un mismo problema, dos resoluciones diferentes.

La falta de claridad en la definición de políticas públicas en cuanto a temas sensibles como el de la minería, así como el requerimiento de las consultas populares previo al inicio de un proyecto, deja abierta una ventana de lo que representa una oportunidad para los grupos interesados en promover la conflictividad social.

La CSJ decidió dejar en suspenso el trabajo en la mina San Rafael, sin tomar en cuenta la resolución previa emitida por la CC en el caso Oxec.

La falta de un reglamento para realizar las consultas, el cual ahora debe hacerse por orden de la CC al Congreso, permitió que ocurriera la manipulación de estas, al grado de hacer creer que son una votación o un derecho a veto, lo que dio como resultado, que las realizaran grupos ajenos al Gobierno, sobre quien recae el mandato de hacerlas, sin que estas sean referentes claros del sentir de los pobladores.

La principal razón, es que mientras el objetivo de la consulta es el diálogo y alcanzar consensos, los promotores de las consultas, en su mayoría organizaciones ajenas a las comunidades donde se desarrollaran los proyectos, no buscan el diálogo sino la confrontación y oposición al proyecto. por su parte, los pobladores que llegan a conocer lo que para su comunidad representará el proyecto, empleos y desarrollo, simpatizan con los inversionistas pero son intimidados por los opositores, quienes incluso se apropian de su representación.

El golpe pasa con la economía

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, hasta enero del año en curso, se habían otorgado 37 licencias de exploración y 270 de explotación, haciendo un total de 307 licencias vigentes.

La industria extractiva, con solo dos minas en operación, representa miles de empleos directos e indirectos, que generan, según cifras del Banco de Guatemala (Banguat) para el primer semestre de 2017, ingresos por exportaciones de USD$1,791 millones de dólares.

La suspensión de operaciones de una de estas dos empresas, por cierto la tercera mayor productora de plata en el mundo, ha significado que el Estado deje de percibir más Q1 mil millones de quetzales en regalías e impuestos, directos e indirectos, que además, en el municipio donde operaba, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, implicó una recesión de la economía reflejada en el cierre de negocios, despido de empleados y una baja de actividades comerciales.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, aseguró “que no es posible que una empresa que ha cumplido con los requisitos establecidos para operar, sea suspendida de forma ilegal” .

Sin certeza jurídica

La inversión en la Mina San Rafael, proviene de capitales canadienses. Los inversionistas cumplieron con los requisitos establecidos en la ley guatemalteca para obtener una licencia de exploración. El segundo paso consistió en determinar la viabilidad de la inversión en la extracción de plata y así iniciar con el proceso para obtener una licencia de explotación.

El trabajo de miles de personas corre riesgo. En algunos casos el despido ha sido inevitable, pasando factura a 250 colabores de la minera, que desde el 15 de enero, pasaron a formar parte de las estadísticas de guatemaltecos desempleados.

En uno de sus columnas de opinión, el periodista José Rubén Zamora, resume la situación asegurando que “uno de los problemas con los fallos volubles de las Cortes es que se pierde un elemento indispensable para la inversión, la certeza jurídica. La situación de incertidumbre en el ámbito legal se puede analizar desde varias aristas, la más visible es la económica, otra menos visible pero no por ello menos importante es la moral”.

En opinión de Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana. resoluciones como las emitidas por la CSJ, afectan proyectos que “generan bienestar, empleos y desarrollo en las áreas rurales de Guatemala”.