Resoluciones judiciales son contrarias al espíritu de Convenio 169

Resoluciones judiciales son contrarias al espíritu de Convenio 169

Analizan aplicación de instrumento en programa Dimensión y panelistas consideran positivo el ordenamiento de los procedimientos de consulta

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La aplicación constructiva del Convenio 169 puede ayudar a reducir la conflictividad y permitir un crecimiento económico sostenible, pero en la actualidad hay una diversidad de interpretaciones y estas han llevado a que las cortes emitan resoluciones contrarias a su espíritu, son algunas de las conclusiones que dejó el programa de “Dimensión” del pasado domingo

Su aplicación, su manejo y sus beneficios fueron analizados por un panel integrado por Luis Linares, coordinador del área laboral de ASIES y ex ministro de Trabajo; Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF; Erick Maldonado, abogado y exviceministro de Relaciones Exteriores; y Laura Castañeda, miembro de la directiva de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext).

Uno de los principales temas debatidos, fueron las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), cuando ordenan la suspensión de proyectos porque no se hizo la consulta y toman en consideración el criterio del postulante de la acción y no el espíritu del Convenio, porque en el país no hay una guía, reglamento o ley, que indique el procedimiento a seguir.

Ardón y Linares coincidieron en que nadie se preocupó por su aplicación hasta cuando se estableció la mina Marlin y las consultas se hicieron basadas en el código municipal, lo cual llevó al involucramiento de los tribunales los que primero dijeron que las municipalidades no las debían hacer y luego que sí, que no eran vinculantes para el Estado, pero si para las municipalidades.

“Esto creo controversia, porque las municipalidades no otorgaban las licencias de Construcción. Y ahora tenemos que la Corte de Constitucionalidad, emite una sentencia en la que ordena al Congreso legislar y cómo lo debe hacer”, expuso Linares.

El grupo de panelistas también coincidió en que el convenio da criterios, pero no establece como desarrollarlos y cómo trabajar las consultas. Esto y la falta de atención en el país, hizo que se confundiera “qué consultar, a quién consultar, cómo consultar y qué significa el resultado de la consulta”, resaltó Ardón.

Castañeda resaltó la falta de consistencia en los fallos de la CSJ y la CC, luego de que esta última había emitido uno que, de una forma u otra, establecía un orden temporal, que fue modificado por otro fallo.

“Las cortes crean confusión jurídica y confusión a las expectativas de país respecto a los temas de inversión”, señaló Castañeda.

Los panelistas concuerdan que el alcance del convenio y la consulta es brindar participación a las comunidades en su desarrollo, pero que los fallos son contrarios al espíritu del convenio, si afectan a las comunidades y eso, al igual que la suspensión de operaciones de proyectos, no es lo que busca el Convenio.