Rafael Maldonado podría ser denunciado por falsificación

Rafael Maldonado podría ser denunciado por falsificación

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Su nombramiento como asesor legal no es válido por los estatutos internos de CALAS, además de haber sido alterado para presentarlo con los amparos en contra de la Minera San Rafael.

A mediados de julio, el abogado Pedro Rafael Maldonado Flores, quien representaba jurídicamente al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) anunció dentro de su cuenta de Twitter, que había sido despedido de la organización.

Ante ese evento empezaron a salir a luz varios señalamientos en su contra, entre los que se encuentra la alteración del documento presentado ante los tribunales de justicia, donde lo señalaba como el representante jurídico.

El documento que acompañó a los amparos interpuestos en contra de la Minera San Rafael debía ser copia fiel del primer testimonio de la Escritura Pública número cuarenta y seis (46), donde Maldonado Flores acreditaba su “supuesta” representación legal, autorizada por la notaria Albertina Hypatia Miroslava García, en la ciudad de Guatemala, el 7 de julio del 2012.

Dentro de la escritura pública, la señora Magnolia de los Ángeles Vélez Palacios, quien fungía como presidenta de la Junta Directiva y representante legal de CALAS, otorgó mandato general judicial con representación a Rafael Maldonado.

En la primera cláusula, Vélez Palacios declaró que estaba autorizada para otorgar dicho mandato por plazo indeterminado y de forma gratuita favor de Maldonado, sin embargo, dicho negocio jurídico adolece de nulidad absoluta.

Esto en virtud que no existe consentimiento válido de la mandante (CALAS) para otorgar dicho mandato de esa naturaleza, debido a que, en los estatutos establecidos por la entidad, señalan que la persona que ejerza el cargo de presidente de la junta directiva puede únicamente otorgar mandatos especiales, no generales. Además, deben estar plenamente autorizados por toda la Junta Directiva.

Falsedad ideológica
La notaria Miroslava García, quien autorizó el Mandato General Judicial con representación de CALAS, hizo constar falsamente que la representación de Magnolia de los Ángeles Vélez Palacios, en calidad de presidenta de la junta directiva de CALAS, era suficiente de conformidad con la ley.

Sin embargo, la presidente de la Junta Directiva no tenía facultades suficientes para otorgar dicho contrato puesto que los estatutos de CALAS únicamente contemplan la posibilidad de otorgar mandatos especiales, no mandatos generales como se hizo a favor del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores.

Nulidad absoluta
Conforme al artículo 66 del Código de Notariado, el TESTIMONIO debe ser copia fiel de la escritura matriz que el notario expide al interesado. En el testimonio especial emitido con fecha 5 de junio de 2011, de la escritura pública número cuarenta y seis (46) autorizada por la Miroslava García, el 24 de mayo de 2011, entregado al Archivo General de Protocolos, la escritura matriz NO TENÍA NINGÚN TIPO de testado, adición o entrerrenglonadura previo a su firma por los comparecientes y a su autorización por la notaria.

Sin embargo, sorprendentemente en el primer testimonio de la Escritura Pública con la cual Rafael Maldonado acreditó ser mandatario general de CALAS, consta que el término “GENERAL” de la cláusula primera de la escritura matriz fue supuestamente testado.

El primer testimonio autorizado por la notaria, con fecha 7 de julio de 2011, NO REPRODUCE DE FORMA FIEL NI EXACTA la Escritura Pública número cuarenta y seis (46), autorizada en la ciudad de Guatemala el 24 de mayo de 2011 por la notaria.

El Primer Testimonio de la Escritura Pública ya indicada adolece de NULIDAD ABSOLUTA de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, debido a que se emitió contrariando el artículo 66 del Código de Notariado.

En todo caso, si el testado en efecto sí fue añadido a la escritura matriz y esa es la razón por la cual aparece en el primer testimonio, el mismo de cualquier forma es NULO, en virtud de que contraviene el artículo 14 el Código de Notariado. Dicha norma establece: “Serán nulas las adiciones, entrerrenglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas”.

Como se explicó anteriormente, el testado que aparece en el primer testimonio NO ES VÁLIDO, puesto que fue puesto DESPUÉS de que la escritura fuera firmada por los comparecientes y autorizada por la Notario.

Se denunció
Luis Pedro Martínez, quien fuera uno de los abogados de la Minera San Rafael, señaló que se presentaron las denuncias correspondientes en el juzgado que llevó el caso, sin embargo, esta hizo caso omiso de la misma, restándole importancia al delito que se estaba cometiendo.

La Corte Suprema de Justicia tenía conocimiento del tema, consta en las actas”, enfatizó el profesional, pero comentó que para la Corte no tenía legitimidad la denuncia. También comentó que dicha acción fuera del marco de la ley deberá ser dilucidada en otra judicatura.

Por su parte, el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, manifestó que la alteración o falsificación de un documento legal es un delito que debe ser investigado y presentada la denuncia ante las autoridades competentes.

Al preguntarle si ese accionar de Maldonado podría afectar los procesos, el profesional comentó que no, debido a que no es responsabilidad de las Cortes, por lo que los procesos deberán seguir su curso.

Uno confía en que los documentos que se presenten según los requerimientos del trámite sean auténticos, legítimos”, remarcó el exmagistrado. También dijo que dicha acción no involucra a los amparos mismos, por lo que no ve fundamento para revocarlos o anularlos.

Sin embargo, si remarcó que la Corte deberá exigir a CALAS que cambie de mandatario.