Minería ilegal y el reto medioambiental

Minería ilegal y el reto medioambiental

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El impulso a los nuevos minerales convive en la región con fenómenos históricos como la fiebre del oro, ligado en muchas ocasiones a la minería ilegal, que supone una amenaza para la Amazoníade Brasil, donde persiste a pesar de décadas de lucha contra la extracción sin normas.

También en Bolivia está extendida la explotación de oro por cooperativas o asociaciones sin vínculo formal con el Estado.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, cifra en 400 las cooperativas auríferas que operan en los márgenes de los ríos del norte de Bolivia, en parte en zona amazónica.

“La explotación de oro está concentrada en manos del sector cooperativo, casi un 99 %”, y “evade el pago de tributos”, ya que está marcada por la “informalidad” y por condiciones “precarias” de trabajo, explicó a Efe.

Este fenómeno también está presente en El Salvador, donde los diputados han dado dos años de plazo (que vencieron en marzo de 2019) a los mineros artesanales y de pequeña escala para que cesen su actividad, aunque estos “no se quieren reconvertir”, según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Brasil, por su parte, cuenta con 321 puntos de minería ilegal en 132 áreas, principalmente en el pulmón verde del planeta, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

La minería ilegal se ha expandido también con fuerza en la tierra de los indígenas yanomamis y se estima que hay 20.000 “garimpeiros” o mineros ilegales, casi seis veces más que hace un año, en los estados de Roraima y Amazonas (norte).

En Colombia, el río Sambingo, situado en el departamento del Cauca (suroeste), prácticamente ha desaparecido por las desviaciones de su cauce hechas por mineros ilegales que lo redujeron a pequeñas lagunas desconectadas entre sí.

Esta actividad también es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía en Perú y responsable de alentar la esclavitud de miles de personas y la explotación sexual en campamentos mineros, además de estar estrechamente vinculada a otros delitos.

“La minería ilegal se benefició en Perú del superciclo de precios, que generó también una acumulación económica muy importante para el sector. Lo más grave es que eso se ha traducido en poder político con influencia en los poderes locales, regionales y nacionales (…). Donde se implanta, al ser intensiva en el uso de mano de obra, logra legitimidad”, explicó a Efe José de Echave, investigador sobre la economía de la minería y exviceministro de Gestión Ambiental.

Este fenómeno ha crecido notoriamente en Ecuador en los últimos años y se calcula en “unos 200 millones de dólares cada tres-seis meses” el daño generado por el impacto ambiental y el material extraído, según el exviceministro de Minería ecuatoriano Henry Troya.

En Venezuela, la búsqueda de oro y otros minerales está “impactando el curso de los ríos que alimentan la represa” de la principal hidroeléctrica, que da luz al 70 % del territorio nacional, y se está haciendo “sin ningún tipo de estudio de impacto”, aseguró a Efe la diputada venezolana María Hernández, presidenta de la subcomisión legislativa para el Cambio Climático.

El Gobierno de Nicolás Maduro, acusado de comercializar con las reservas nacionales de oro para obtener liquidez, pretende generar 33.000 millones de euros en los siguientes seis años como alternativa no petrolera de riqueza.

Para ello ha anunciado inversiones locales y extranjeras por unos 7.700 millones de euros y estima producir 80 toneladas de oro al año, un millón de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel y 35.000 toneladas de coltán.

En ese país, una de las economías más debilitadas por la hiperinflacióny el desabastecimiento generalizado, las reservas de oro totalizaron cerca de 161 toneladas métricas a cierre de 2018.

 

Con información de Agencias