Minera San Rafael, un caso para analizar, Parte II

Minera San Rafael, un caso para analizar, Parte II

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Impasse en la CC

Luego de conocer la resolución de la CSJ, los representantes legales de la Minera, acudieron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y presentaron un recurso de apelación para que se revocará la decisión.

Al parecer, todo sería resuelto antes que finalizará el 2017. Sin embargo, el proceso en la CC se ha estancado y se mantiene en un impasse, que ha generado una gran incertidumbre, no solo en el sector minero, sino en todo el sector empresarial, que ven con preocupación cómo la falta de resolución al tema por parte de la CC, ha provocado la pérdida de más de 500 empleos directos, lo que aumenta los índices de desempleo en el país, así como la falta de certeza jurídica que desalienta la inversión en Guatemala.

En la CC han ocurrido varias irregularidades durante el trámite para conocer la apelación del amparo provisional otorgado por la CSJ, tales como:

La falta del conocimiento del expediente completo; Omisión de resolver en un plazo razonable dicha apelación; Violación al principio de Juez Natural e Imparcialidad Judicial; Comunicación por medios no oficiales; Se ha denegado la entrega de información pública como lo son las copias de las actas de las sesiones realizadas; al momento en que se otorgó el amparo provisional a CALAS, no se respetó el criterio de la CSJ y de la CC en relación a la suspensión del acto reclamado dentro de amparos en los que se reclama la omisión de consulta; el auto de la CC mediante el cual se confirma el amparo provisional, tiene 2 votos disidentes, 1 de ellos razonado, en el cual se confirma: Magistrados en orden numérico, órganos jurisdiccionales competentes son totalmente distintos.

A esta se suman otras incongruencias :

Procedimiento anómalo para asignar magistrado ponente; Violación a la imparcialidad judicial por entregar información a CALAS por medios no oficiales; Omisión de resolver en un plazo razonable;

Ausencia de razonamientos jurídicos del amparista; Violación al debido proceso al emitir una resolución sin fundamento legal.

Todas estas incongruencias han generado dudas y dejan entrever un posible retraso “malicioso” por parte de la CC para resolver el proceso, el cual, no debía haberse excedido por más de un mes.

Hasta este día, 25 de marzo, han transcurrido 275 días desde que la CSJ decretó el amparo provisional a favor de CALAS.

Desde que se realizó la vista pública en la Corte de Constitucionalidad, el 25 de octubre del año anterior han transcurrido cinco meses exactos.

Según el Artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el amparo debía haberse resuelto en 5 días hábiles, después de celebrarse la vista pública.

Algo que inusual en este proceso es que la CC se apartó de su jurisprudencia y reconoció la legitimación activa de Calas para que interpusiera amparos en materia ambiental en un auto de aclaración, aun cuando a través del mismo, no pueden modificarse las fundamentaciones de fondo de la sentencia.

Las Consecuencias

La falta de certeza jurídica que esta situación ha generado y los ojos con que a nivel internacional ven a Guatemala a consecuencia del retraso de la CC para resolver en este caso ha generado un desaliento de la inversión extranjera y la caída en un 47% de las acciones de la minera San Rafael y por consecuencia su valor.

Una mala reputación a nivel internacional, ya que inversionistas extranjeros han recomendado no invertir en Guatemala, debido al ambiente de hostilidad que las agrupaciones ambientalistas como Calas han provocado.

Al día de hoy hay más de Q.1 mil 200 millones en pérdidas para el país, lo que afectó la meta de recaudación tributaria en el país, provocando la salida del Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa.

Un total de 500 empleados de la Minera San Rafael, han sido despedidos, lo que ha generado un incremento en las cifras de desempleo en el país, así como el crecimiento de la economía informal.

Situación que, a los representantes de Calas, no les preocupa y hasta se mofan de lo que sucede tal y como lo hace Rafael Maldonado director jurídico de dicha entidad, quién en su cuenta de Twitter afirmo: “La @CC_Guatemala podrá resolver a favor de la minera. Pero que regresen a trabajar…Veremos, veremos, veremos.

Además de ello, Maldonado también entra en conflicto con el sector productivo y empresarial del país. En una publicación realizada el 6 de noviembre en Facebook indica: “LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DEBE TOMARSE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA EMITIR UNA SENTENCIA QUE VERDADERAMENTE TUTELE LOS DERECHOS DEL PUEBLO XINKA!!! Las comunidades del pueblo Xinka de Santa Rosa y Jalapa fueron discriminadas por el Ministerio de Energía y Minas para favorecer a la criminal Minera San Rafael, empresa que incluso confesó que obtuvo la sentencia en la Corte Suprema de Justicia traficando influencias por medio de la embajada de Estados Unidos.

Ante este caso tan complejo, la Corte de Constitucionalidad debe tomarse el tiempo necesario para emitir una sentencia apegada a derecho Y NO DEJARSE INFLUECIAR POR EL CACIF u otros actores oscuros”.

Ambas publicaciones, son realmente contradictorias a los principios que un “abogado” quién se dice conocedor de la ley, debería pensar ya que tanto la CSJ, como la CC, han incurrido en varias anomalías para la resolución de este caso, ya que “no es el tiempo que se necesite”, sino el tiempo que la ley establece para resolver un proceso que, cada día, deja mayores pérdidas para la estabilidad del país.

De esta forma, respondió publicamente Rafael Maldonado, a una publicación de MiningWorks.GT, dejando en evidencia que su forma de actuar, no corresponde al profesional que aduce ser.