Minera San Rafael, un caso para analizar, Parte I

Minera San Rafael, un caso para analizar, Parte I

Compartir

Antecedentes

El 22 de junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a la organización ambientalista Centro de Acción Legal (Calas), que se ha opuesto férreamente a las operaciones de la empresa minera en el territorio nacional.

Este amparo provisional otorgado por parte de la CSJ, suspendió las licencias de Juan Bosco y El Escobal, autorizadas en los años 2012 y 2013 respectivamente. Las plantas extractoras, cuyas licencias fueron suspendidas, están ubicadas en Jalapa, Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa Rosa y San Rafael Las Flores.

En dicha acción presentada en el mes de mayo de ese mismo año, Calas afirmaba que, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no realizó las consultas comunitarias previo a otorgar las licencias de operaciones.

Ante ello los representantes legales de la empresa accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC), único ente que tiene la potestad de revocar la decisión de la CSJ.

Desde el 22 de junio, hasta hoy, 25 de marzo, han transcurrido 275 días y la Corte de Constitucionalidad, no ha resuelto un proceso que, según los plazos legales, debía estar resuelto en un tiempo máximo de 5 días.

¿Qué es lo que está pasando?

Ante esta situación, varios sectores se han pronunciado al respecto, denunciando un proceso “malicioso” por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes, se resisten a dar una resolución o a pronunciarse sobre la razó por la que no han dado una sentencia en el caso de la Minera San Rafael.

Según los plazos manejados desde el momento en que la asociación ambientalista presentó el amparo el 17 de mayo del 2017, pasaron 36 días para que la CSJ resolviera el mismo el 22 de junio. La primera audiencia tenía que programarse para un plazo de 48 horas, sin embargo, se realizó 11 días después el 7 de julio.

Luego del ello el proceso para prescindir del periodo probatorio es de 3 días, no obstante, transcurrieron 41 días del mismo, ya que se fijó el 18 de julio.

La vista pública que tenía que realizarse en un lapso de 5 días hábiles, se realizó el 28 de agosto, 42 días después. El tiempo para el auto del fallo, se dio el 31 de agosto y la sentencia que no debe exceder de un plazo de 24 horas se dio el 9 de septiembre, mientras que el auto de aclaración y ampliación cuo tiempo es 48 horas se dio el 25 de septiembre.

¿Intereses ocultos?

Ante el amparo concedido a Calas por parte de la Corte Suprema de Justicia, se habla de un posible manejo de intereses particulares por parte de algunos magistrados de la CSJ, a quienes se les ha visto en varios actos públicos acompañando a Yuri Melini, director de la citada entidad.

En las redes sociales han circulado varias fotografías en donde se puede observar al magistrado y expresidente de la CSJ, Nery Osvaldo Medina Méndez, acompañando a Melini en la inauguración del Juzgado de Ambiente que se inauguró en el año 2015 en San Benito, Petén.

Así también la Magistrada María Eugenia Morales Aceña, ha participado como invitada de varias actividades realizadas por CALAS, cuyas fotografías han sido publicadas en el perfil de dicha organización en la red social Facebook. Cabe resaltar que dicha página no muestra ninguna publicación nueva desde el año 2015.

Algo que llama mucho la atención fue una publicación realizada por Rafael Maldonado, director jurídico de CALAS, quién el 27 de febrero del 2017 anuncio por medio de su perfil en Facebook que las operaciones de la Mina San Rafael llegarían a su fin en el mes de agosto.

ANTES DE AGOSTO, LA MINA EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SE TERMINA!! La lucha legal contra la criminal Minera San Rafael lleva ya casi cuatro años, a pesar de haber ganado todos los amparos que suspendían las operaciones de la empresa, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por medio de corrupción y tráfico de influencias la mantienen operando. Ante ello, hoy en lo personal y como CALAS, hacemos compromiso para que antes de agosto, ESA MINA TERMINA!!! Quiénes más se comprometen??” indica que manera textual la publicación realizada por Maldonado.

Cuatro meses después, el jueves 22 de junio, los magistrados de la CSJ suspendieron las licencias para la continuidad de las operaciones de la compañía minera y notifica a las partes involucradas hasta el miércoles 5 de julio. Lo que crea mucha suspicacia es el cambio del día de la sesión del pleno de magistrados, ya que regularmente las sesiones se realizan los días miércoles.