Minera San Rafael acciona ante la CC para pedir...

Minera San Rafael acciona ante la CC para pedir sentencia definitiva

En los próximos días la CC debe emitir sentencia en definitiva

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Representantes de Minera San Rafael, presentaron un memorial ante la corte de Constitucionalidad (CC) en busca de obtener una resolución definitiva en el caso de Minera San Rafael, ubicada en Santa Rosa.

La petición fue presentada por el abogado Luis Pedro Martínez, quien indicó que se trata de una petición dirigida al presidente de la CC, Francisco de Mata Vela, para que se agilice la resolución, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparos, que establece “Que en caso de apelación de auto, recibidos los antecedentes el tribunal resolverá dentro de las treinta y seis horas siguientes. Si fuere de apelación de la sentencia, se señalará día y horas para la vista dentro de los tres días siguientes y se resolverá dentro de los cinco días inmediatos a esta”.

Martínez aseguró que el tiempo establecido en ley ya se venció pues la audiencia pública se celebró el pasado 25 de octubre, por lo que ya es pertinente que el pleno emita una resolución sobre este caso.

Los magistrados de la CC siguen sin resolver el caso de Minera San Rafael, mientras que la paralización de labores en el lugar continúa, pues pobladores en resistencia impiden el reinicio de labores, incluso de mitigación ambiental, pese a que ya se ordenó que la mina puede continuar operando, durante los 12 meses establecidos como plazo para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), lleve a cabo la consulta requerida por los pobladores del lugar, que aseguran pertenecen al pueblo Xinca, pese a que el Registro Nacional de las Personas (RENAP), estableció que no hay presencia del pueblo Xinca en el lugar.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el pasado 8 de septiembre otorgar el amparo definitivo al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el cual revocó el amparo provisional, por medio del cual la corte había suspendido las operaciones de la empresa minera.

La suspensión temporal de sus licencias operativas ha puesto en riesgo a 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos , así como los más de Q5 millones de quetzales, que dejan de ingresar diariamente a las arcas estatales, por concepto de pago de proveedores , impuestos, regalías y más de 120 millones de dólares de inversión .