Minera San Rafael abierta al diálogo con comunidades Xincas de Santa Rosa

Minera San Rafael abierta al diálogo con comunidades Xincas de Santa Rosa

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La semana pasada el Ministerio de Energía y Minas (MEM), inició con la convocatoria para conformar la mesa de preconsulta, iniciando así el proceso para la consulta comunitaria ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), como requisito para que la compañía reinicie labores. 

Sin embargo delegados  del parlamento Xinca, presentaron denuncias contra el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Minera San Rafael argumentando ilegalidades en la forma en que de nuevo se definió el área de influencia del proyecto El Escobal. 

Quelbin Jiménez abogado del Parlamento del Pueblo Xinca, afirmó que a su criterio “existe supuesta complicidad entre los ministerios citados y la compañía, luego que el MEM iniciara el un proceso de preconsulta basado en criterios técnicos y ciéntificos, sin tomar en cuenta a los pobladores Xincas del lugar”. Sin embargo al consultarle cuales fueron los criterios tomados en cuenta, no dio respuestas.

Minera San Rafael se pronunció, negando los señalamientos y afirmando  que la CC fue clara al ordenar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debía estar bajo la responsabilidad del  MARN, las universidades de San Carlos de Guatemala y del Valle de Guatemala. Adicional, se citó a un consultor que llevó a cabo en un inicio el análisis de ese estudio por parte de la compañia.

El interés de la empresa es poder tener una relación directa con la población Xinca, que son los legítimos representantes de todo esto”, expresó el gerente de comunicación de Minera San Rafael, Andrés Dávila, al ser consultado sobre el proceso de preconsulta, agregando que le sorprende esta postura, pues el pueblo Xinca, es el principal interesado en que se lleve a cabo la consulta, por lo que consideran se trata de una estrategia para retrasar el proceso.

La mesa de preconsulta tiene a su cargo convocar a las partes interesadas e iniciar con los mecanismos de consulta a las comunidades indígenas que se ubican en el área de influencia del proyecto mencionado, conforme lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo estas:

  • Concejo Municipal del área de influencia
  • Comunidades indígenas del área de influencia (pueden ser representadas por el Parlamento Xinca o representantes que la población decida)
  • Ministerio de Cultura y Deportes
  • Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
  • Consejos Comunitarios de Desarrollo del área de influencia
  • Minera San Rafael
  • Procuraduría de Derechos Humanos
  • Ministerio de Energía y Minas
  • Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades Privadas representadas en el Consejo Departamental de Desarrollo del área de influencia.
  • Comisión Presidencial de Diálogo

La CC ordenó el pasado 3 de septiembre una consulta comunitaria previo al inicio de operaciones del proyecto a cargo de Minera San Rafael (MSR), suspendido desde el 5 de julio de 2017, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo que generó más dudas que respuestas.

El proceso ahora recae en manos del Ministerio de Energía y Minas, que será el que debe coordinar la consulta, ellos tienen el tiempo para cumplirla. Ya definida el área de influencia pueda empezar el proceso de preconsulta”. Andrés Dávila, Gerente de Comunicación de MSR

Al cumplirse con el objetivo de la mesa de diálogo, la consulta será definida con pobladores de las áreas de impacto del proyecto, la compañía y el MEM.

Es allí donde las partes interesadas nos vamos a sentar para discutir cuál será la metodología y donde se va a determinar realmente si existe buena fe”, agregó Dávila.

Impacto económico del cese del proyecto

“Nosotros como empresa respetaremos lo que el MEM diga, somos muy abiertos con la población”, Andrés Dávila, gerente de Comunicación de MSR.

La resolución de la CC, llegó el pasado 3 de septiembre un fallo que requirió de más de un año para ser emitido y que ha dejado una secuela negativa para los pobladores de San Rafael las Flores, empleados de MSR que perdieron su empleo ante la incertidumbre jurídica que generó el caso y que provocó también graves pérdidas para la economía nacional.

El país, por cada día que la empresa sigue parada, pierde 5.1 millones de quetzales a la economía. Pero el municipio donde se ubica el proyecto también resultó afectado, no solo en el tema de regalías, sino también de comercios alrededor de la mina, ahora han cerrado más de la mitad, además, se han incrementado los “coyotes” y muchos de nuestros colabores han tenido que migrar en busca de oportunidades en los Estados Unidos, ante el cese del proyecto”, aseguró el Gerente de Comunicación de la compañia Andrés Dávila.

El objetivo ahora, es retomar el diálogo con las comunidades ubicadas en el área del proyecto, con quienes siempre se ha mantenido comunicación informando sobre las actividades de la compañía y el beneficio que pueden llevar a la población generando desarrollo.

Sin embargo, existe el temor de la desinformación y manipulación de la población de parte de grupos orientados a desestabilizar, impulsados por intereses propios. Ante ello el ejecutivo de la compañía aseguró que “La mina está abierta, a la mina puede ir cualquiera para que conozca nuestras operaciones” y de esa forma conocer que cumple con los procesos ambientales requeridos para mitigar el impacto ambiental en el área.