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Mediante acceso a la información pública, solicitan datos sobre el caso de Minera San Rafael

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Empleados, proveedores y ejecutivos de Minera San Rafael, además de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), entregaron hoy en la Corte de Constitucionalidad (CC) varias solicitudes para conocer los avances del caso que se mantiene estancado, desde octubre de 2017, cuando se celebró una audiencia pública.

Han transcurrido desde entonces 137 días, sin que exista una resolución, que conforme los establecido en ley, debía emitirse en un plazo no mayor a 5 días.

Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, se pretenden conocer mayores detalles del caso, que según las declaraciones del vocero de la CC, Santiago Palomo, no tiene fecha para resolverse por tratarse de un tema “delicado”.

 

David Howe, gerente de país de la compañía, expresó su preocupación ante el actuar de la corte, tomando en cuenta que ya existe una macro sentencia previa en el caso Oxec, que según lo establecido debe aplicarse a otros casos similares.

Para Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, es preocupante el retraso de la corte en este caso, “no entendemos porque a los magistrados les esta tomando tanto tiempo emitir una sentencia final sobre este caso, cuando ellos mismos ya trazaron la ruta legal, para casos similares”, aseguró.

La gremial de proveedores, también interpuso un recurso solicitando a los magistrados una pronta resolución del caso, según las declaraciones de su representante Álvaro Zebadua.

El sector de proveedores ha tenido que prescindir de los servicios de 3500 personas, derivado del cese de operaciones del proyecto, y las repercusiones económicas negativas que para ellos representa.

Miguel Berganza, representante de los empleados de Minera San Rafael, también lamentó el retraso de la CC, pues para ellos también representó el despido de 250 de sus compañeros y prevalece el temor que esta cifra pueda aumentar.