Las nefastas consecuencias de una corte que trabaja a conveniencia

Las nefastas consecuencias de una corte que trabaja a conveniencia

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El trabajo de la Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido cuestionado debido a varios amparos que siguen esperando una resolución. El caso de Minera San Rafael, sigue a la espera de una resolución de parte del pleno de magistrados, quienes ya escucharon a las partes interesadas, en una audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2017.

Han transcurrido 4 meses y aún no existe pronunciamiento alguno o fecha estimada para conocerlo. Al ser consultado Santiago Palomo, vocero de la CC, se ha limitado a ofrecer la misma respuesta “por su complejidad, está siendo estudiado detenidamente por cada uno de los magistrados para emitir una decisión final”.

Las críticas en contra de los magistrados fueron a más, luego de la retención de dos ejecutivos de Minera San Rafael por pobladores de la aldea Ayarza, Casillas, Santa Rosa. Siendo ellos el ciudadano británico David Howe, gerente de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, y Camilo Medina, gerente de Relacionamiento.

Según las declaraciones de Medina, recibieron amenazas e intimidaciones por parte de los pobladores, que armados con machetes impidieron el paso del vehículo en donde viajaban y al que le pincharon las llantas. Fue necesaria la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la presencia de un grupo especial de la Policía Nacional Civil, para que los dejaran libres.

Pese a que hubo una evidente violación a los derechos de ambos personeros de la compañía y hubo una clara violación al derecho de libre locomoción establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la CC mantuvo su silencio, pero fueron diversos los sectores productivos que los señalaron como los responsables de propiciar el enfrentamiento y agravar la tensión en Santa Rosa.

Las consecuencias
De obedecer la CC a intereses particulares, obviando el interés de toda una nación, las consecuencias para Guatemala seguirán siendo nefastas. La economía es el más claro indicador de la situación que le espera al país, que en 2017 además de registrar millonarias pérdidas en recaudación de impuestos, fue ubicado entre los países de riesgo para la inversión extranjera, por importantes firmas internacionales dedicadas a evaluar las condiciones de riesgo país.

Asimismo, Medina dijo que la creación de empleos será lenta, sobrepasando al año anterior en unos 10 mil empleos y se tiene previsto que el Producto Interno Bruto crezca 3.8%. Sin embargo, esas previsiones podrían cumplirse solo si la CC resuelve el caso a favor de la compañía, de lo contrario la economía del país se verá seriamente afectada.

Los magistrados parecen no tomar en cuenta las consecuencias que ya afectan al país, derivadas de su silencio. A razón de Q5 millones diarios que dejan de circular por concepto de impuestos, regalías y pagos a proveedores, hasta hoy la economía nacional resiente la falta de Q1 mil 205 millones.

La falta de certeza jurídica, es sin duda el mayor temor que pueden enfrentar potenciales inversionistas.

Pese a las nefastas consecuencias que ha traído para el país la falta de una resolución, los magistrados parecen no tomar conciencia de que a costa de un interés particular, ponen en jaque la economía, la prosperidad, el desarrollo y la estabilidad de toda Guatemala.