Las empresas mineras cumplen rigurosos procesos antes de operar

Las empresas mineras cumplen rigurosos procesos antes de operar

Los diversos requisitos implican años de procedimientos administrativos para obtener un permiso

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Los proyectos mineros en Guatemala no se instalan de la noche a la mañana, ya que todos deben observar un proceso y cumplir una serie de requisitos que culminan con la obtención de los permisos de, exploración, operación y explotación, otorgados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Primero se obtiene el permiso de exploración, fase en la cual se realizará la investigación de campo y de estudios de condiciones geológicas del terreno, para determinar la viabilidad de un proyecto extractivo.

Para que el MEM otorgue este permiso, se requiere contar con un estudio de impacto ambiental (EIA), que muestra cuál será el impacto ambiental en la fase de exploración, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales(MARN).

Cuando se logra superar esta primera fase y se determina que un proyecto es factible, entonces inicia una segunda consistente en obtener el permiso de operación y explotación de parte del MEM, para lo cual es necesario un nuevo EIA.

En este es donde cada empresa presenta, con datos y evidencia científica, cómo el proyecto incidirá en el medio ambiente, las acciones que se realizarán y los procesos a implementar para mitigar todo tipo de impacto.

Cumplida esta segunda fase y ya con el permiso otorgado por el MEM, inicia una tercera fase, cuando se gestiona ante la comuna del municipio donde se instalará el proyecto, el respectivo permiso de construcción, el que no se puede anticipar, sin el aval de operaciones del MEM.

Todos estos procesos y fases pueden durar meses o años, por la variedad y complejidad de requisitos, que toda empresa de la industria extractiva cumple a cabalidad, porque el no cumplir algún paso, ello implica fuertes sanciones.

Por ejemplo, en el caso de los EIA, el no cumplir con las estipulaciones dictadas puede derivar en que una empresa pueda ser sancionada con multas, que van desde los Q5 mil a los Q100 mil.

Las empresas cumplen con todos estos requisitos, pero ahora se han presentado casos en los que se impugna ante los tribunales el otorgamiento de licencias o permisos de construcción, con argumentos de que las instituciones del Estado incumplieron procesos.

Las empresas cumplen los requisitos que se les piden, realizan una inversión y generan empleos a decenas de personas, pero son las que al final sufren un golpe cuando una tribunal suspende las operaciones, lo que deja sin empleo y ocasiona pérdidas a los inversionistas.

Las normas legales cumplidas son grandes, a veces complicadas, por lo cual no es justo que un tribunal, basado en una evidencia a veces de carácter administrativo que no es una causal de fondo, suspenda las operaciones de una empresa.