“La Corte de Constitucionalidad busca que la mina no opere”

“La Corte de Constitucionalidad busca que la mina no opere”

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Minera San Rafael considera que la Corte de Constitucionalidad (CC) está incurriendo en una actitud dilatoria, para evitar el inicio de operaciones, de la compañía en el proyecto El Escobal, ubicado en Santa Rosa, paralizado desde hace 248 días por disposición judicial.

Gabriela Roca, abogada y directora de Asuntos Corporativos de la compañía, indicó que las solicitudes planteadas ayer por la corte, que requirió información al Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad San Carlos de Guatemala y Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala, para determinar la existencia de pueblos indígenas en el área donde se ubica el proyecto, están fuera de tiempo y fuera de lugar.

 Agregó que también interpusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de conocer la disposición de la corte, pues también tienen derecho de hacerlo y de hacer uso de este recurso legal.

Nos preocupa que con esta solicitud, la Corte se desenfoque del acto reclamado por la amparista que es la supuesta falta de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado”, indicó Dave Howe, Gerente de país de la compañía, quien además expresó su preocupación por las pérdidas económicas que representa para la compañía y para el país, la actitud de los magistrados.

Para emitir una resolución apegada a derecho, es necesario tener más información”, así se refirió el secretario de la Corte de Constitucionalidad (CC) Martín Guzmán, al referirse a los estudios antropológicos necesarios, para determinar la existencia de pueblos indígenas en el área de San Rafael Las Flores.

Personeros, empleados y proveedores de la compañía minera, solicitaron mediante el departamento de acceso a la información pública, datos para conocer el avance del caso que fue conocido en audiencia pública el 25 de octubre de 2017 y a más de 130 días, sigue sin resolverse, pese a que la ley estipula un plazo de 5 días, para resolverlo luego de celebrada la audiencia.