¿Juzgar o hacer cumplir la ley?

¿Juzgar o hacer cumplir la ley?

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El papel de la Corte de Constitucionalidad

Instaurada el 9 de junio de 1986 durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo, la Honorable Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, tiene como función la defensa del orden constitucional en el país.

Como un tribunal colegiado independiente a los Organismos de Estado, ejerce funciones específicas establecidas dentro de la Carta Magna, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y demás leyes constitucionales, además de actuar como Tribunal Extraordinario de Amparo.

Según el artículo 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que las funciones principales de la Corte de Constitucionalidad consisten en conocer de las inconstitucionalidades en contra de las leyes, ya sean de forma parcial o total, conocer de los amparos interpuestos contra el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y Vice Presidencia, emitir opiniones sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios o proyectos de una ley, entre lo más relevante.

Con los preceptos legales claros, sobre el papel de la corte, no quedan dudas, que su función esencial es la de velar por la correcta aplicación de justicia, garantizando así la certeza jurídica en Guatemala.

El caso de Minera San Rafael es un ejemplo de la falta de certeza jurídica. Las operaciones de la empresa fueron suspendidas después de casi tres años de mantener una operación de minería moderna con los más altos estándares ambientales y de producción, así como de cumplir todos los requisitos y requerimientos operativos y de ley.

A pesar del cumplimiento legal, ambiental y de los programas de desarrollo de las comunidades, que han demostrado la eficiencia operativa y la generación de progreso en la región, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a un amparo con bases étnicas sin fundamento legal o científico. El amparo interpuesto en contra del MEM y del MARN, derivó en la suspensión de operaciones de la empresa.

El caso hasta el momento ha agotado todas las instancias en la CSJ, que falló a favor del demandante, sin embargo, en un caso sin precedentes el demandante apeló la sentencia a su favor, con lo que el amparo fue elevado a la CC donde también se han agotado todas las fases y recursos, y después de más de 225 días al mes de junio, sin emitir fallo según los establecido en la ley, la CC sigue sin emitir un fallo.

La última acción de la CC fue la solicitud de un Auto para mejor fallar, a más de 140 días después de vencido el plazo legal para fallar, con lo que ordenaba a distintas instituciones la realización de distintos estudios que ya fueron entregados según los plazos establecidos, sin embargo, la CC sigue sin emitir dicho fallo.

Pese a que ya existe una macro sentencia previa en el caso Oxec, el retraso de los magistrados ha generado una serie de suspicacias, que para muchos van más allá del interés de sentar precedentes jurídicos apegados a derecho, y obedecen a intereses particulares.

El magistrado ponente Bonerges Mejía y quienes conforman el pleno de la CC, tienen en sus manos una decisión que va más allá de intereses particulares y que debe ser acorde a los intereses de toda una nación, ávida de nuevas fuentes de empleo, que les garanticen el acceso a servicios básicos como salud, vivienda y educación.

Frenando la inversión extranjera, suspendiendo proyectos millonarios que aportan gran parte de sus ganancias a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y de las comunidades en donde operan, no se logrará el desarrollo y el añorado crecimiento económico de Guatemala no pasará a más de una utopía.

El futuro de todo un país y de sus habitantes, está en sus manos señores magistrados, por lo que esperamos un fallo sensato y apegado a derecho.