Industria petrolera en Guatemala exige reformas legales para sobrevivir

Industria petrolera en Guatemala exige reformas legales para sobrevivir

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Después de casi sesenta años, la industria petrolera en Guatemala exige reformas legales y jurídicas para poder sobrevivir en un mercado global cambiante y complicado pero en el que el crudo local, ácido y rico en azufre, puede ser interesante para grandes refinerías.

La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Empresas Productoras de Hidrocarburos, María Teresa Ruiz, cuenta en una entrevista con Efe que esta industria, todavía “bastante incipiente” en el país, llegó a producir 30.000 barriles diarios y ahora no alcanza ni siquiera los 10.000.

No es fácil llevar a cabo los trabajos que se requieren para poder mantenerla o incrementarla y eso, en gran parte, se debe a que la legislación está todavía muy desactualizada“, asegura esta mujer, colombiana de nacimiento, al hacer referencia a la ley local, vigente desde 1983.

Este mineral líquido en Guatemala se caracteriza por ser “muy ácido” y tener “mucho azufre”, unos factores por los que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo, “castiga mucho el precio local”.

Esto, aunado a una normativa y reglamento arcaicos, hacen que no se tengan “la dinámica que necesita la industria para poder” llevar a cabo las operaciones “con mayor velocidad“, y por ello Ruiz pide cambios como flexibilizar “un poco las formas de contratación de los servicios y los materiales que se necesitan” o ampliar los plazos de los contratos.

La industria petrolera requiere mucho tiempo para poder explorar y explotar. La etapa de exploración puede tardar fácilmente entre 6 y 8 años, eso para saber solamente dónde hay y cuánto hay. Después de ahí se inicia el desarrollo. Se necesita mucho tiempo para recuperar las inversiones en esta industria“, proclama.

La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Empresas Productoras de Hidrocarburos, que también aboga porque los estudios de impacto ambienta estén “preaprobados” a la hora de las licitaciones para no perder el tiempo, dice que “son cositas que se pueden ir mejorando para que la industria pueda avanzar más rápido”.

Hace falta una política de largo plazo. Todos los países que han logrado aumentar significativamente su producción petrolera han definido políticas de 20 o 30 años“, explica, y asegura que es posible “una forma distinta de hacer las cosas”, tal y como han mostrado otros países.

Pero esto requiere de un “compromiso a largo plazo del país” para un petróleo que es “muy interesante” para ciertos tipos de productos, como el asfalto, y donde hay unos 50 millones de dólares en inversión “parqueados” -de empresas francesas, estadounidenses y locales- en diferentes proyectos por la traba a algún trámite.

Hace unos días, el dirigente de una de las cinco empresas que forman parte de esta asociación le comentó que Guatemala es “donde más me cuesta invertir” porque casi tiene que estar pidiendo por favor “déjeme invertir”, y eso es consecuencia del marco legal.

La industria petrolera en Guatemala, donde el Estado es socio y recibe el 38% de las utilidades del negocio, cuenta con 5 empresas en fase de explotación y 3 en exploración en 7 yacimientos repartidos entre Petén, Alta Verapaz e Izabal.

Sobre el impacto ambiental, Ruiz defiende que la industria “se puede manejar muy razonablemente, que no tiene porque contaminar” y asegura que para las comunidades “se ha vuelto ahora un aliado importante”, debido a que la mayor parte de las regalías y de la participación del Estado -el 28 % del 38 % que recibe de la facturación anual bruta- lo reciben de forma directa a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Y el Ministerio de Ambiente y Recursos Ambientales, prosigue, también se ha mostrado “muy proactivo” porque la industria “puede hacerse muy responsablemente y siendo así no tiene porque afectar al medioambiente, ni a las áreas protegidas”.

La responsable de la Asociación de Hidrocarburos insiste en apostar por la industria y sentencia que para el Estado guatemalteco sería “muy interesante volver a empezar a recibir 130 millones de dólares anuales” por esta actividad, como sucedía en 2014 y 2015, y dejar a un lado los 28 millones de la actualidad.

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