Historia de la legislación minera en Guatemala

Historia de la legislación minera en Guatemala

La actual Ley de Minería fue emitida en 1997

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La Constitución, en su artículo 125, declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación.

Es por ello que a lo largo de la historia, se han emitido diversas normas que buscan regular e incentivar la actividad minera en el país, por lo que es importante conocer un poco de la misma, de la cual, parte encontramos en el sitio del Ministerio de Energía y Minas:

El primer documento legal es de el 3 de diciembre del 1501, cuando fueron expedidas las Reales Cédulas para regir los asuntos mineros en América. Con estas, los reyes de España otorgaban el permiso para buscar y explotar minas, siempre y cuando se pagara el quinto, el diezmo o el vigésimo del valor de los minerales extraídos.

El siguiente sistema que se utilizó fueron las Capitulaciones, que no eran más que un contrato por tiempo definido. Un ejemplo de estas es el contrato que se le otorgó a Diego de Nicuesa, en 1508, por un período de 10 años.

Las Reales Cédulas y las Capitulaciones sólo eran otorgadas a la nobleza y fue hasta 1573, cuando se dejó libre el aprovechamiento de lo que extrajeran.

En 1618 se recopilaron todas las normas o leyes relativas a la explotación minera, las cuales forman parte de las llamadas “Leyes de Indias”.

El régimen minero español se mantuvo vigente hasta 1881, a raíz de que el 16 de abril de 1880, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto 6, por medio del cual autorizó al Poder Ejecutivo para que emitiera y sancionara el código Fiscal. El 17 de junio del 1881, durante la administración del general Justo Rufino Barrios, se promulgó el Decreto 263, el Código Fiscal, el cual en el título XI normaba las explotaciones mineras bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda.

El capítulo I de dicho código, contemplaba lo concerniente a la propiedad de minas. El presidente Manuel Estrada Cabrera, el 1 de julio de 1907, acuerda crear la Dirección General de Minería, Industrias Fabriles y Comercio, adscrita a la Secretaria de Fomento. El 30 de junio del 1908, el gobierno de Estrada Cabrera, emitió el Decreto 686, Código de Minería, el primero del país.

La actividad minera estuvo regida por dicho código hasta el 6 de mayo de 1932, cuando la Asamblea Legislativa promulgó el Decreto 1828, Ley de Minería e Hidrocarburos, cuyo el Reglamento fue emitido el 5 de agosto de 1932 por el presidente Jorge Ubico.

Dados los inconvenientes que presentó dicho decreto, el 19 de junio del 1933, por medio del Decreto 1403, se emitió la Ley de Minería y por el Decreto 1404, la Ley de Hidrocarburos.

El 14 de mayo de 1934 se sustituyó el Decreto 1403, por el Decreto Legislativo 2000, el cual sufrió modificaciones en los años de 1934 y 1935, y en 1937 se le adicionó el requisito de exhibir pruebas suficientes de capacidad económica, a quienes pretendieran explotar una mina.

Con este nuevo Código se logra una mayor actividad en la exploración y explotación, lo que se hacía por medio de un “Contrato” entre el Gobierno y el interesado.

En 1955, el presidente Carlos Castillo Armas, con el fin de estimular la inversión de capitales en la búsqueda y explotación de riquezas minerales, promulgó el Decreto 272, en el que se indicaba que Ministerio de Economía y Trabajo podría otorgar licencias con carácter extraordinario para efectuar exploraciones mineras a personas naturales o jurídicas, guatemaltecas o extranjeras.

El 22 de abril de 1965, se emitió el Código de Minería, Decreto Ley 342, que derogó los decretos 2000 y 272. Conforme a esta ley se otorgaron concesiones de exploración y de explotación. El reglamento fue emitido en 3 de marzo de 1967 y entro en vigor el 10 de marzo del mismo año.

En el Decreto 342 regulaba de forma especial las explotaciones de canteras, por lo que se emitió el Decreto 47-69, Ley de Canteras, que entró en vigor el 20 de septiembre de 1969.

El 17 de octubre de 1983, se promulgó la Ley de Fomento de La Pequeña Minería, Decreto 132-83. El 12 de julio de 1985, entró en vigor el Decreto 69-85, el cual derogó las leyes anteriores. Su reglamento fue emitido por medio del Acuerdo Gubernativo 1349-85 y las modificaciones de la ley y reglamento, por el Decreto 125-85 y el Acuerdo Gubernativo 1211-88, respectivamente.

El 1 de febrero de 1991 entró en vigor el Decreto 55-90, Ley de Fomento de La Pequeña Minería, el cual pretendía normar y estimula todas las exploraciones y explotaciones de pequeña escala en el país.

Se puede decir de manera rápida que el Decreto 69-85 contenía una gran cantidad de trámites para adquirir un derecho minero, además de muchos requerimientos técnicos, que desmotivaban la inversión y daba lugar a que se incrementara el número de explotaciones ilegales.

Con la ley de la Pequeña Minería se buscaba incentivar a los pequeños productores y a los que trabajaban ilegalmente a acogerse a esta ley, sin embargo fue la misma Dirección General de Minería la que propuso cambios para mejorarla y hacerla más eficiente.

En 1993 se promulga el Decreto 41-93 y luego el 48-97, la actual Ley de Minería, la cual busca lograr la estabilidad jurídica, destacando el interés social económico de la industria minera y dando las facilidades necesarias.

Se promueve la transparencia de los mecanismos técnicos y administrativos para el otorgamiento, por medio del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación.

En la actual norma el Estado garantiza la exclusividad de la licencia para el área otorgada.

Consecuentemente, los titulares gozan garantías que protegen las inversiones, concretamente es posible otorgar prórrogas sin más trámite, asimismo la credencial para exportación de minerales se hace entrega al titular al momento del otorgamiento en los casos de licencia de explotación.

Por otra parte, los titulares de licencias de reconocimiento y exploración, tienen derecho a extraer muestras con fines no comerciales.

Por su potencial minero, las áreas declaradas por el Estado como Áreas Especiales de Interés Minero, son otorgadas por medio de un procedimiento de convocatoria a concurso público, donde podrán participar empresas locales y extranjeras.