¿Hay corrupción en las cortes del país?

¿Hay corrupción en las cortes del país?

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PROHIBIDA SU REPRODUCCION DENTRO DE GUATEMALA.

El pasado 7 de marzo la Corte de Constitucionalidad, requirió de más información para emitir un fallo apegado a derecho en el caso de Minera San Rafael, situación que generó además del rechazo del sector productivo, ciertas dudas sobre el actuar de los Magistrados, que incluso son cuestionados, por no hacer cumplir las leyes alentando la falta de certeza jurídica, con una postura innecesaria, pues ya cuentan con una macrosentencia, por el caso Oxec.

En dicho fallo, la Corte de Constitucionalidad (CC), revocó el amparo otorgado por la CSJ y ordenó la apertura de las hidroeléctricas ordenando también la realización de la consulta con las 11 comunidades del área Q’eqchi en Santa María Cahabon, esto según lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que finalmente se llegó a un consenso entre las partes involucradas y así continuar con las operaciones de Oxec y Oxec II.

Nos parece curioso que después de 140 días, hayan pedido autos para mejor fallar, cuando la ley les da un plazo de 5 días para hacerlo”, indicó Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), al ser consultado sobre la postura de la corte.

Por ser la Corte de Constitucionalidad, el ente rector en la aplicación de leyes en Guatemala, cabría cuestionarse, sobre la ilegalidad en la que incurren, al sobrepasar los plazos establecidos en la ley de Amparos, que en su artículo 66 establece que el tiempo máximo para resolver es de 5 días, luego de celebrada la audiencia pública.

En el caso de Minera San Rafael, han transcurrido más de 160 días, y los magistrados argumentan que necesitan más tiempo, por lo que solicitaron la información necesaria al Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala.

Para Rudolph Jacobs, fundador y expresidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), “el sector justicia tiene la responsabilidad de enmarcarnos en un estado de derecho, para que haya confianza. Con la postura de la corte, estamos maldiciendo a la población a la informalidad y a la migración, ante la falta de un empleo digno”, aseguró.

El sector empresarial, opina que los retardos en la aplicación de justicia no afectan necesariamente a una sola empresa, pues son una señal que el país envía a todas las inversiones nacionales y extranjeras, que prefieren irse a otros países, por lo que solicitaron a las instituciones citadas, que los informes requeridos fueran emitidos conforme a la situación real del país, y no con el interés de beneficiar a grupos que buscan su propio beneficio.

No estamos defendiendo a la mina per se, estamos defendiendo el principio de legalidad que debe prevalecer en el país,” indicó Tefel.

Magistrados y corrupción

La reciente captura de Roberto López Villatoro, más conocido con el alías del “Rey del tenis”, puso en evidencia la corrupción que existe en el sector justicia, luego que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), concluyeran tras una investigación, que López Villatoro, habría “obsequiado un inmueble” al magistrado de apelaciones, Giovanni Orellana Dónis.

Según el informe oficial, ambos son señalados de haber cometido los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo, respectivamente, ya que el empresario le habría dado un lujoso apartamento ubicado en la zona 14 capitalina a cambio de favores en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el proceso del 2014, en el que el funcionario judicial fue miembro de la Comisión de Postulación.

Desde 2009 la Cicig, entonces bajo el mando de Carlos Castresana, había señalado de López Villatoro de patrocinar maestrias en Derecho Penal a 32 abogados, con el objetivo de manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La investigación de Castresana, concluyó en ese entonces que al menos 26 de los 47 integrantes de las comisiones de postulación para salas de apelaciones y la CSJ, fueron beneficiados con “las becas” de López Villatoro.

El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), se pronuncio días después de conocerse el caso, rechazando los antejuicios y procesos legales y disciplinarios en contra de jueces y magistrados.

Conociendo casos de magistrados que han mostrado abiertamente su cercanía con el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), surge la duda sobre la imparcialidad del fallo que pueda ser emitido en este caso.

La CIG lanzó una campaña para cuestionarse sobre la posibilidad de qué la falta de un fallo en la máxima instancia de aplicación de justicia en el país, también sea una forma de corrupción.

No podemos tener un país donde un día se falle de una forma y otro de otra”, aseguró Juan Carlos Tefel, agregando que pese a qué ya se han presentado un recurso amicus curie y tres memoriales, hasta ahora, no han obtenido respuesta de los magistrados.

Cabe también cuestionarse las consecuencias de la cercanía entre algunos magistrados, con quienes promueven el caso en contra de Minera San Rafael y si ello, podría incidir en un fall que incluso podría costarle al Estado de Guatemala,un juicio en las cortes penales internacionales, al no garantizar las inversiones extranjeras.

¿Podríamos estar ante un caso de corrupción y tráfico de influencias? Sin duda hay mucha tela que cortar y valdría la pena que tanto el MP como la Cicig, se tomaran un tiempo para analizar el actuar de la corte, los plazos excedidos y los nuevos requerimientos de los magistrados, que claramente son considerados como una inconstitucionalidad.