Falta de certeza jurídica incide de forma negativa en la economía...

Falta de certeza jurídica incide de forma negativa en la economía del país

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Según expertos, el Índice de Libertad Económica ubica a Guatemala en el puesto 73 de 180 países, con un puntaje de 63.4 sobre 100. El país, según el informe tiene avances en libre comercio y estabilidad macroeconómica.

El indicador mide la autonomía sobre derechos de producción y distribución así como el consumo de bienes y servicios. Este año coloca en los primeros lugares a Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia, conforme la Fundación Heritage, autora del informe.

De acuerdo con el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, falta trabajar en la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Zapata enfatiza que los países que promueven mayor libertad económica, aumentan los ingresos de la población, impulsan la democracia, reducen la pobreza y fomentan la educación y el desarrollo humano.

Restricciones de crecimiento

El Índice evalúa cuatro componentes, el Estado de Derecho, Gobierno Limitado, Eficacia Reguladora y Apertura de Mercados. Este año el país aumentó en el puntaje general por 0.4 puntos, con mejoras en libertad de inversión (+5), libertad comercial (+0.2) y libertad laboral (+0.1). Pero sus bajas fueron en derechos de propiedad (-4.6), libertad monetaria (-1.8) y gasto gubernamental (-1.5).

El informe manifiesta que es poco probable que exista un crecimiento económico a largo plazo, por la corrupción generalizada del Gobierno y la frágil protección de los derechos de propiedad debido a un Estado de Derecho débil. Asimismo cuestiona las regulaciones laborales, a esto Zapata indicó que solo el 20 por ciento de la población obtiene salarios mínimos, esto por la expansión del sector informal.

En esto coincide Hugo Maul, coordinador del área económica del CIEN, quien indicó que en el país son cuestionadas las oportunidades de libertad económica porque no existe certeza jurídica.

La justicia es lenta, sin recursos y sin disponibilidad a la población”, afirma. El economista subraya que se daña la administración aduanera y la recolección de impuestos, colocando como ejemplo el caso de Mina San Rafael la cual aún no puede operar por falta de una resolución jurídica.

La Ley de Competencia está aprobada en segunda lectura. Según el economista Carlos González de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales insistió en la legislación. “Se dice que hay libertad pero no hay condiciones jurídicas”, finalizó. (Con información de El Periódico)