El riesgo de invertir en Guatemala, ante la falta de certeza jurídica

El riesgo de invertir en Guatemala, ante la falta de certeza jurídica

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Calificadoras internacionales, ubicaron a Guatemala en el listado de países de riesgo para las inversiones. Algunas fueron benevolentes y únicamente hicieron sugerencias a los inversionistas extranjeros, para que tomen en cuenta si tienen interés en aperturar negocios en el país.

Las previsiones fueron estimadas basándose en las cifras proporcionadas por el Banco de Guatemala (Banguat) que para el segundo trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto, fue un 2.5 %, en comparación con el 3% alcanzado durante el primer trimestre del mismo año.

Una de las causas que incidió en este panorama económico, es la crisis política que atravesó el país durante el pasado mes de septiembre, derivada de decisiones poco acertadas del Ejecutivo y el Congreso, que desencadenaron en protestas de descontento popular, que llevaron a Guatemala, a ocupar encabezados en medios internacionales.

A ello, se debe sumar la falta de certeza jurídica que ha sido de los principales obstáculos encontrados por inversionistas extranjeros, que prefieren llevar sus capitales hacia otros países de Centroamérica en donde no encuentran mayores obstáculos para desarrollar sus proyectos.

Uno de los casos que según otros índices económicos como el de la calificadora de riesgo Standar & Poors y el del Banco Mundial (BM), que incluyen a Guatemala dentro del listado de países que representan riesgo para las inversiones, es el de Minera San Rafael, pues el estado ha dejado de percibir más de Q100 millones de quetzales por concepto de impuestos y regalías.

Según estimaciones de la compañía hasta hoy se han perdido más de mil millones de quetzales, a razón de Q5 millones diarios, derivado del cese de operaciones ordenado en julio de 2017, por la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que ya existe una orden judicial para que la minera siga con sus operaciones, esto ha sido imposible debido a la actitud de pobladores de Santa Rosa, que impiden el reinicio de los trabajos de mitigación ambiental, aduciendo que permanecen en resistencia pacífica, pese a que han protagonizado actos violentos, incluso en contra de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

La actitud de la CC, también genera dudas tomando en cuenta que únicamente se han limitado a responder, que por ser considerado un caso delicado, no tienen fecha estimada para emitir su resolución.

Hay quienes sospechan de otro tipo de intereses a lo interno de la institución, ante la pasividad con la que actúan en el caso, pese a que ya existe una sentencia previa en el caso Oxec, que se acordó en su momento, sería utilizada para resolver casos de este tipo.

Sobre el actuar de la CC en este caso, el abogado y exconstitucionalista Roberto Molina Barreto, afirmó que “técnica y legalmente ese atraso en la resolución no se justifica. Hay operadores externos que viven del conflicto y que se podrían beneficiar con ese retraso.

Mientras se esperan acciones de parte de las autoridades encargadas de a seguridad, también se esperan acciones de la CC, para evitar que la economía del país, se vea afectada por el riesgo que representa para muchos, invertir en el país y que es respaldado por las previsiones de las calificadoras internacionales de riesgos.