El incómodo silencio de la Corte de Constitucionalidad

El incómodo silencio de la Corte de Constitucionalidad

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Han pasado 6 meses desde el cese de operaciones de Minera San Rafael, y casí 70 días desde que la Corte de Constitucionalidad realizó la vista pública del caso, sin que hasta ahora se tenga una respuesta.

Hasta hoy el pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), sigue sin emitir una resolución, pese a las peticiones de representantes del sector productivo del país, quienes se han pronunciado solicitando una resolución justa y apegada a derecho, que garantice los intereses de nación, sin responder a intereses particulares.

La principal preocupación del sector privado, es la de garantizar la certeza jurídica y con ello el clima de inversiones en el país, afectado visiblemente en 2017, por las bajas calificaciones obtenidas por el país en materia económica, con una baja recaudación de impuestos.

Este incómodo silencio de parte de los magistrados, representa para el estado de Guatemala la pérdida de un estimado de Q900 millones de quetzales,

Minera San Rafael, en todos sus pronunciamientos ha asegurado que es respetuosa de las leyes y que su postura en este caso, ha sido siempre la de actuar conforme a las resoluciones emitidas por la justicia guatemalteca.

En tanto los colaboradores mantienen la incertidumbre sobre su trabajo, por lo que el pasado mes de noviembre, realizaron un plantón para solicitar una pronta respuesta.

Repercusiones económicas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el 8 de septiembre de 2017, otorgar el amparo definitivo al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el cual revocó el amparo provisional, por medio del cual la corte había suspendido las operaciones de la empresa minera.

La suspensión temporal de sus licencias operativas ha puesto en riesgo a 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos , así como los más de Q5 millones de quetzales, que dejan de ingresar diariamente a las arcas estatales, por concepto de pago de proveedores , impuestos, regalías y más de 120 millones de dólares de inversión.

En la última entrevista sostenida en 2017 con el vocero de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, sobre el avance del caso, aseguró que la decisión la tiene el pleno de magistrados, por lo que no existe una fecha segura para dar a conocer su resolución.