El abogado que encontró en las causas sociales una “mina de oro”

El abogado que encontró en las causas sociales una “mina de oro”

Compartir

La destitución de Rafael Maldonado como Director Legal del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (CALAS), lo llevó a señalar a esta ONG de corrupción y mal manejo de fondos.

El pasado 18 de julio Rafael Maldonado, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su despido. El mensaje también incluye señalamientos de fraude y malversación de fondos, en el interior de CALAS.

Derivado a que denuncié casos de fraude y malversación de fondos por parte de Yuri Melini y miembros la Junta Directiva de CALAS, hoy estando yo de vacaciones me notifican que ya no soy parte de CALAS. La lucha contra la corrupción sigue, no importa donde esté y contra quien sea.

Según Maldonado, que hasta la semana pasada fungía como director del área legal de la citada Organización No Gubernamental (ONG), fue separado del cargo luego de denunciar corrupción y malversación de fondos, haciendo un señalamiento directo contra Yuri Melini, quien hasta hace un par de meses se había desempeñado como director. La denuncia, también se extendió a otros miembros de la junta directiva.

Llama la atención que se utilice el término “corrupción”, cuando de muchos es conocida la forma de actuar de la citada ONG, que incluso impulsó una campaña en San Rafael Las Flores, haciendo uso de medios de comunicación locales, para instar a la población a que cambiaran sus datos en el Registro Nacional de las Personas (RENAP), para registrarse como población Xinca.

Además de otras argucias utilizadas para lograr la suspensión de El Proyecto minero El Escobal, que podrían incluir tráfico de influencias, pues varios Magistrados, fueron vistos en actividades organizadas por Yuri Melini y Rafael Maldonado, cuando ambos aún formaban parte de CALAS.

Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2014, la Contraloría General de Cuentas (CGN) realizó una fiscalización a la ONG, que dio como resultado varias irregularidades, como tachones y borrones en los libros de registros, falta de registros contables, incumplimiento en la actualización de datos de cuentadancia, deficiencia en conciliaciones bancarias, deficiencias en control de las formas oficiales, falta de manuales de controles y procedimientos, situación que ameritó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de CALAS y el cobro de una multa.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), se refirió a CALAS como una “organización que ha provocado desestabilidad social, que lucra de generar conflictividad social y de paralizar proyectos de inversión, causando pérdidas de empleo y pérdidas de certeza jurídica“.

Nos preocupa que pueda haber un nexo de corrupción entre esta organización y la Corte de Constitucionalidad, ahora que salieron a la luz estos hechos que siempre hemos sospechado, pues estas organizaciones se manejan de una forma poco transparente. Como no tenemos ningún pronunciamiento de la CC que debía haber fallado con base al caso Oxec, nos preocupa que puedan haber nexos entre algún magistrado y esta organización“, reiteró Carrasco.

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional (TI) va más allá, afirmando que la corrupción no solo genera efectos nocivos sobre organizaciones o instancias individuales, pues la corrupción, también afecta el clima de inversión principalmente en los países latinoamericanos.

La corrupción rompe la confianza para invertir en un país y desalienta la inversión extranjera. La corrupción es de corto plazo y puede permitir acceder a mercados, sacar ventaja sobre otros competidores, pero a la larga no es sostenible para hacer negocios”, afirmó el jurista peruano, afirmando que este flagelo que no es exclusivo de Guatemala, termina incluso por afectar de forma directa al clima de gobernabilidad de todo el país.

Sus declaraciones se apegan a la realidad que vive Guatemala, luego que Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT) y de la Junta Monetaria (JM), anunciara hace unos días que se debe hacer un reajuste a la meta de crecimiento económico, prevista para 2018 y que si bien nos va, podría registrar un 3.1 % para el cierre del año.

En su mayoría este fenómeno obedece al cese de operaciones de Minera San Rafael (MSR) que ya cumplió un año el pasado 4 de julio. Las expectativas de crecimiento, tomaron en cuenta el reinicio de labores de la compañía durante el primer trimestre del año, para lograr la meta prevista entre un 3.4% y un 3.8%.

El Politólogo Renzo Rosal, afirma que “el gran desafío que tienen las ONG´S a nivel mundial, no solo en Guatemala, es garantizar su fortalecimiento mostrando un mayor interés por la auto fiscalización y la promoción de auditorías a nivel interno, para evitar que este fenómeno que hoy tiene nombre y apellido en Guatemala que es “CALAS“, se generalice“.

Una iniciativa para regular el actuar de las ONG´S
En el Congreso de la República se conoce la iniciativa 5257, reformas al Decreto 2-2003, ley de organizaciones no gubernamentales (ONG) para el desarrollo, que consta de 26 artículos, orientados a regular el actuar de estas agrupaciones.

El diputado oficialista, Christian Gabriel González, integrante de la comisión de Gobernación del Congreso y ponente de la iniciativa, indicó que es necesario que las organizaciones no gubernamentales empiecen a tener un orden en su administración y en el manejo de los fondos.

Le hemos quitado todos los aspectos burocráticos que tenía el borrador original, sin embargo hemos dejado la parte que se refiere a la fiscalización de las ONG”, afirmó el legislador.

González agregó que las ONG deberán estar inscritas en la Superintendencia de Administración Tributaria, aunque no paguen impuestos y aquellas que reciban fondos del Estado deberán acudir a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Solamente queremos lograr una mayor transparencia en el uso de los recursos que brindan diferentes instituciones internacionales al país, para obras sociales”, aseguró el legislador, descartando intereses particulares para promover la iniciativa.

Para José Conrado García, diputado independiente “llama la atención ver las diferentes manifestaciones que vienen a la capital y están inundadas de extranjeros que trabajan para las ONG”, de ahí la importancia para aprobar dicha iniciativa, que actualmente, espera su aprobación en tercera lectura, por el pleno del Congreso.

El nefasto legado de Maldonado y CALAS
Maldonado, abogado de profesión, cobró notoriedad al sumarse a CALAS, organización que desde el 2012 se dedica a presentar acciones legales en contra proyectos hidroeléctricos y mineros.

En sus redes sociales se define como: “Abogado, Defensor de Derechos Humanos y Defensor de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos criminalizados por su defensa de la tierra y el territorio“.

De su ejercicio profesional, llama la atención que las acciones legales de CALAS se dirigieron exclusivamente al sector industrial eje del desarrollo del país y han detenido la operación de empresas, fomentando el desempleo y la falta de oportunidades de desarrollo e inversión.

En julio de 2017, El Periódico puso en evidencia a Maldonado, sustentando con pruebas el cobro de una comisión de Q20 mil a vecinos de San Rafael Las Flores, como negociador en la venta de sus terrenos a Minera San Rafael.

Por un lado litigaba en contra de Minera San Rafael, por el otro, pretendía beneficiarse de los fondos de la compañía, agenciándose además de buen porcentaje de la negociación estimada en $47,026,275 millones de dólares americanos, el equivalente a Q357,399,690 millones de quetzales.

En dos audios que se adjuntaron a la publicación, se le escucha proponer a los pobladores de La Cuchilla, lugar declarado como inhabitable por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), vender sus terrenos, fijando un precio de $100 dólares por metro cuadrado de sus propiedades.

Minera San Rafael, había propuesto a las familias un precio de Q45 por metro cuadrado más un bono de emergencia de Q150 mil, y un bono adicional de Q30 mil, por los terrenos que abarcan una extensión de 470,262.75.

La comisión que Maldonado pretendía cobrar, si se concretaba el negocio, era de entre el 15% y 20% del total. Calculando la extensión del terreno a la venta a un precio de $100 dólares por metro cuadrado, él recibiría entre Q53.6 millones y Q71.5 millones de quetzales.

CALAS en su momento pudo haber hecho un aporte importante de denuncia, pero en los últimos tiempos se fue generando mucha duda sobre cual es la legitimidad activa de CALAS, sobre el supuesto acompañamiento activo que estaba dando a diversas comunidades “entre comillas Xincas” , cuando en la práctica parecía que el que estaba más involucrado era Rafael Maldonado. Él en lo personal, como litigante, eso da como resultado, que se perdiera la dosis de legitimidad que supuestamente tenía el conjunto de denuncias que se habían interpuesto en contra de la minera”, aseguró Renzo Rosal.

Con las pruebas presentadas no le quedó otra que aceptar que se ofreció para asesorar a los vecinos del lugar a título personal y no como integrante de la ONG. Aunque intentó negar el cobro de la comisión, pese a que se presentaron los recibos de depósitos a su nombre en uno de los bancos del sistema.

A pesar de haberse declarado en lucha contra la corrupción, Rafael Maldonado deja un rastro nefasto que le ha costado a todo un país la falta de certeza jurídica, la pérdida de oportunidades de desarrollo, inversión, crecimiento económico y el sustento de miles de familias, a quienes con su falso argumento de luchar por causas ambientalistas, dejó sin una fuente digna de ingresos.