Corte de Constitucionalidad suspende operaciones de proyecto Progreso VII Derivada

Corte de Constitucionalidad suspende operaciones de proyecto Progreso VII Derivada

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De nueva cuenta la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena la suspensión de otro proyecto extractivo en medio de la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19 y cuando las autoridades de la banca central, auguran un mal año para la economía del país.

El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, debido a su cercanía con una comunidad que se conoce por el mismo nombre, fue suspendido en noviembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia y de forma definitiva en 2016.

La corte emitió ya sentencia ordenando el cese del proyecto y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizar la consulta conforme a los establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Kappes, Cassiday & Associates tiene vigente una demanda de arbitraje por US$300 millones en contra del Estado de Guatemala, luego de la suspensión, que se produjo tras una orden judicial similar lanzada por la ONG Calas, también basada en el convenio 169 OIT.

En sus redes sociales el abogado Rafael Maldonado, anunció días antes de que la CC hiciera pública la sentencia, que el fallo era favorable a las comunidades, “después de seis años de litigio, la Corte de Constitucionalidad ha emitido sentencia final amparando a las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Esta es la tercer sentencia que se logra bajo mi dirección jurídica uniéndose a las logradas en favor del pueblo Xinka de Santa Rosa y Jalapa, el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y ahora el pueblo Kakchiquel”, indicó en sus redes sociales

Hace una semana la CC emitió su resolución en el caso del Proyecto Fénix, ordenando el cese de operaciones, delimitación del área del proyecto y la realización de una consulta comunitaria. La noticia la recibió el MEM el pasado viernes, además de suspender la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, se delimita el área de operaciones del proyecto y ordenar una consulta comunitaria. Desde que se conoció la primera resolución de la corte en julio de 2019, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y se realizó una actualización en 2018.

El proyecto propiedad de Panamerican Silver, se mantiene suspendido desde julio de 2017. El MEM inició las convocatorias para iniciar con el proceso de consulta, en noviembre del 2018; luego que la corte resolviera en septiembre del mismo año, que podría retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta. Discrepancias de criterio con el Parlamento Xinca, impiden concretar la mesa de preconsulta. Mientras el MEM establece que se debe convocar a un titular y un suplente como representantes, el Parlamento Xinca propone a 59 personas, argumentando que la sentencia indica que se deben seguir las costumbres que prevalecen dentro de su comunidad.

Según la Gremial de Recursos Naturales Minas y Cantenar (Grenat), el cierre de estos proyectos extractivos representa pérdidas millonarias para el sector además de poner en riesgo inversiones que superan los tres mil millones de dólares. A ello se debe sumar la pérdida de al menos 10 mil empleos directos e indirectos.

La sentencia llega en un momento critico para la economía del país, pues basados en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco de Guatemala (Banguat) prevé una caída en la economía del 2.5 por ciento para 2020.

Según el presidente del Banguat, Sergio Recinos, “el escenario base es de una caída del 2,5 por ciento; sin embargo, planteando un futuro más negativo, la economía podría caer hasta 3,5 por ciento”.

Lea aquí la sentencia de la Corte de Constitucionalidad

 

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