Consulta comunitaria un diálogo de buena fe… “ni voto, ni veto”

Consulta comunitaria un diálogo de buena fe… “ni voto, ni veto”

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Las consultas comunitarias de buena fe, son consideradas mecanismos de participación ciudadana, regulados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en busca de soluciones y acuerdos comunes al impacto que puedan tener proyectos industriales en sus territorios.

De 2005 a 2015 en Guatemala se realizaron cerca de 75 consultas que contaron con la participación de más de un millón de personas. Sin embargo, es evidente que existe desconocimiento del tema en todos los ámbitos de la sociedad.

Existe demasiada desinformación sobre este tema, el proceso de consulta no es “un si o un no”, es un diálogo en donde se pretende es fortalecer el hecho de que un proyecto como este pueda tener un impacto positivo alrededor de la comunidad en desarrollo, economía y empleo”. Indicó Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala.

En julio de 2017 se lanzó la guía para consultas a pueblos indígenas establecidas por OIT, luego de ocho meses de negociaciones en mesas de diálogo, dirigidas por el Ministerio de Trabajo (Mintrab) con líderes comunitarios.

El documento establece que deben realizarse consultas a los pueblos indígenas en proyectos relacionados con medio ambiente, hidroeléctricas, educación y seguridad, así como sobre medidas administrativas en sus territorios.

En su momento se fijó un plazo de un año al Congreso de la República, para la aprobación de la guía, sin embargo la propuesta sigue engavetada.

Autoridades de Energía y Minas, reconocen la necesidad de una reglamentación para este tema. Hasta ahora según el Ministro Luis Chang, la cartera ha trabajado conforme a un procedimiento requerido por las cortes del país, para avanzar en las consultas.

La OIT responde: “Ni voto, ni veto”

Carmen Moreno, directora del Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, resumió que “la consulta es un diálogo, no una votación o plebiscito”.

El convenio no da derecho a veto. La única situación a considerar, porque la medida es mayor, es cuando se trata de la reubicación de los pueblos indígenas. En ese caso, llegar a un “sí acepto”, es mayor que otros casos, pero aun así, el Estado puede definir esta situación, si esa reubicación va en beneficio del bien general”. Afirmó Moreno.

Estas declaraciones fueron respaldadas por Hernán Coronado, Oficial Técnico Especialista en Pueblos Indigenas de la OIT “Ni veto ni voto, la consulta popular es un ejercicio de diálogos que pretende buscar acuerdos entre el gobierno e instituciones representativas de Pueblos Indígenas que puedan verse afectados por una medida legislativa o administrativa en su forma de vida, creencias e instituciones” manifestó.

Con el inicio del proceso para la consulta comunitaria en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, se abre una nueva oportunidad para el diálogo con los pobladores del lugar, y así exponer las ventajas económicas y de desarrollo local que representa el proyecto El Escobal.

El proceso de preconsulta ya dio inicio, la responsabilidad recae ahora en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El área de la licencia es de 19.8 kilómetros cuadrados (Kms2), mientras que el área de influencia determinada es de 33 Km2, que abarcan a 10 comunidades, siendo estas: Los Planes, La Cuchilla, El Fucío, Las Nueces, Sábana Redonda, El Volcancito, San Juan Bosco, Estanzuelas, El Quequexque y el casco urbano de San Rafael Las Flores.

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