Certeza jurídica+Economía, la fórmula para el desarrollo del país

Certeza jurídica+Economía, la fórmula para el desarrollo del país

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El Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) son optimistas sobre el crecimiento económico del país para 2018. Sergio Recinos presidente de la banca central, considera que 2018 “será un año más favorable para Guatemala”, resultado de la demanda interna y también en el ámbito externo, tomando en cuenta una mejora en las condiciones económicas de los principales socios comerciales de Guatemala.

Sin embargo, resaltó que son los fallos judiciales para proyectos de la industria extractiva e hidroeléctricas, los que mantienen la incertidumbre sobre estas previsiones estimadas en un crecimiento del 3.6 por ciento.

Con ello, de nueva cuenta se pone en evidencia la estrecha relación que existe entre la certeza jurídica y el crecimiento de un país. En 2014 el crecimiento se situó en un 4 por ciento, el uno por ciento fue un aporte directo del sector minero.

Tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte de Constitucionalidad (CC), tienen un papel determinante en el impulso a nuevas inversiones, en la generación de empleos, en el crecimiento de la economía y en el desarrollo del país, tomando en cuenta que son las más altas instancias de aplicación de justicia y de velar por el cumplimiento de las leyes.

A casos como La Puya, Oxec y Minera San Rafael que se han visto seriamente afectados por las decisiones judiciales que han decidido amparar a organizaciones sociales cobijadas por el Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas), se suma ahora un amparo presentando en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por haber otorgado licencia a CGN-Pronico que opera en El Estor Izabal.

El argumento presentado en todos los casos se fundamenta en la presunta violación del los derechos de los pueblos indigenas, al no realizar una consulta previa para determinar si están de acuerdo o no, en la instalación de estos proyectos.

Estos recursos se fundamentan en el convenio 169 OIT, que establece “que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

La consulta no es vinculante así de sencillo, urge reglamentar el tema de la consulta para aclarar el camino”, indicó Paulo de León, representante de Central American Business Intelligence (CABI), al analizar las resoluciones judiciales que han suspendido proyectos con base a que no se consultó a las comunidades donde se desarrollan estos.

En el caso del proyecto conocido como La Puya, la justicia ordenó el cierre definitivo, en el caso Oxec, se emitió una sentencia que en su momento quedó establecida como el procedimiento a seguir en casos similares, ante la falta de una legislación específica para temas de este tipo.

Esta incertidumbre jurídica mantiene a Guatemala como fuerte candidato a ingresar al listado de países en riesgo para las inversiones, pues las calificaciones obtenidas en 2017 en este rubro no fueron nada alentadoras.

Hugo Maul, considera arriesgado hablar de plazos, si no existe certeza jurídica.

El economista Hugo Maul, considera que actualmente nadie se plantea proyectos de largo plazo, prefiriendo plazos máximos de 6 meses, ante la falta de certeza sobre lo que vaya a pasar en el transcurso de los próximos meses.

No se ven posibilidades de una nueva dinámica política ni esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía”, afirma el experto, agregando que la situación se agrava ante la falta de liderazgo para la creación de políticas económicas y de certeza jurídica que fomenten la inversión y el empleo.

La importancia del sector extractivo en el desarrollo del país

Datos del Ministerio de Energía y Minas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sat), dan cuenta de un aporte a las finanzas del estado superior a los Q2 mil millones de quetzales, provenientes del sector extractivo.

El tema de las regalías también ha sido cuestionado, tomando en cuenta que fueron fijadas en un 1% pero desde enero de 2012, la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) y el gobierno de Guatemala, firmaron un acuerdo de entendimiento, donde este sector productivo se comprometió voluntariamente a pagar una regalía adicional de la siguiente forma:

2% para el sector de metales básicos, para un total de 3%

3% para el sector de metales preciosos, para un total de 4%

En el caso de la empresa montana exploradora la cifra se incrementó, pues se acordó que la compañía aportaría al estado un total del 5%.

A ello se suma los más de Q70 millones destinados anualmente, por este sector para proyectos de beneficio y desarrollo comunitario y la siembra de miles de árboles en proyectos de reforestación, cumpliendo así con su compromiso ambiental.

Minería día a día

Pese a la férrea oposición que algunos sectores muestran hacia la industria minera, parece que olvidan la importancia de esta actividad en el desarrollo de grandes sociedades y el diario vivir.

La minería esta presente en la taza donde se bebé el café a primera hora de la mañana, en la pasta de dientes, en los cosméticos, en el teléfono y la computadora, necesarios para comunicarse y trabajar, e incluso en la casa que les da cobijo.

Mientras no se logre admitir que la industria es más que un símbolo de ganancias para satisfacer intereses particulares, a costa del desarrollo de todo un país, Guatemala seguirá condenada a una economía de subsistencia, negando oportunidades de crecimiento, desarrollo, empleo para la población y cerrando las fuentes de trabajo ya existentes.

Paulo de León, considera que urge reglamentar el tema de las consultas comunitarias.

Para lograrlo es importante mantener una buena base jurídica, indica Paulo de León, agregando que no solo el sector minero, se ve afectado por esta situación, que se extiende hacia otros empresarios e inversionistas, que temen que ante la falta de certeza jurídica que prevalece en el país sus proyectos se vean afectados.

Álvaro Zebadua, proveedor de Mina San Rafael, estima que 17 mil personas corren riesgo de perder sus empleos a causa de la falta de una resolución de la CC

Los afectados son los proveedores especializados, quienes suministran a la empresa los materiales necesarios para el proceso extractivo, y los no especializados, entre los que se cuentan empresas de servicios como servicios de telefonía o de comida”, indicó.

El problema de la falta de certeza jurídica a es tanto, que ya dentro de la industria extractiva, difícilmente un inversionista en su sano juicio pensaría en meter su dinero en Guatemala”, considera, Hugo Maul.

Es por ello que las estimaciones del Banguat, son aún incierta, pues para conseguir la meta de crecimiento en este año, es necesario el reinicio de las actividades de el proyecto El Escobal, durante el primer trimestre del año.