Certeza jurídica la petición concreta a los magistrados de la CC

Certeza jurídica la petición concreta a los magistrados de la CC

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Garantizar la certeza jurídica con resoluciones apegadas a derecho, fue la petición concreta de Minera San Rafael, durante la vista pública celebrada este día en la sala de audiencias de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por más de tres horas se escucharon los argumentos de los alcaldes de Santa Rosa de Lima y Casillas en el departamento de Santa Rosa y de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate en el departamento de Jalapa, también de sus abogados y del abogado el Centro de Acción Legal y Ambiental y Social de Guatemala (Calas), quien durante su intervención de 15 minutos argumentó discriminación contra el pueblo xinca, pese a que el Registro Nacional de las Personas (Renap), presentó documentos que certifican que en el área que ocupa el proyecto, no existen personas de esta etnia. Además, hizo señalamientos por presunto tráfico de influencias.

Los magistrados tienen en sus manos una decisión, histórica que puede sentar un precedente y garantizar la certeza jurídica en el país.

Sin embargo no presentaron pruebas que sustenten los señalamientos en contra del proyecto minero, situación que fue puesta en evidencia por la abogada Ana Gabriela Roca de González, quien luego de exponer ante los magistrados las consecuencias negativas que tiene para la economía el cese de operaciones ordenado desde el pasado 5 de julio, hizo un llamado para que la resolución emitida sea a favor del estado de derecho y garantizando la certeza jurídica en el país.

Desde julio pasado, el estado ha dejado de percibir Q600 millones de quetzales, por concepto de impuestos, Q300 millones por regalías a las municipalidades de comunidades aleañas y Q85 millones en proyectos de inversión y desarrollo comunitario. Esta situación, indicó la jurista, tiene un efecto negativo en la economía nacional.

Prueba de lo expuesto, es la calificación de país poco atractivo para las inversiones extranjeras, que recientemente obtuvo Guatemala, derivado de la crisis política y resoluciones jurídicas erróneas, según un informe publicado por Standard & Poors, reconocida firma estadounidense de productos financieros. Las previsiones del Banco de Guatemala, también dan cuenta de un receso en la economía para este 2017.

Durante su exposición, la representante de Minera San Rafael, indicó también que han cumplido con los requerimientos establecidos en ley, previo, durante y después de su inicio de operaciones, demostrando con documentos y pruebas de campo, que se ha reforestado y cultivo el 80 por ciento de áreas aledañas al proyecto.

Por lo que confían en los magistrados y en obtener una resolución que sea muestra de la buena voluntad existente para garantizar la certeza jurídica y mantener el sustento a quienes dependen directa e indirectamente e la industria minera en Guatemala.