CC resuelve recursos pendientes del caso Fénix

CC resuelve recursos pendientes del caso Fénix

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Por orden del Ministerio de Energía y Minas (MEM) desde el pasado 17 de febrero la licencia de operaciones del proyecto Fénix, ubicado en el Estor, Izabal, quedó sin vigencia de forma temporal, según comunicado emitido por dicha cartera y reiterado por el Ministro Alberto Pimentel.  Según la postura oficial, esta decisión se tomó para dar cumplimiento a la resolución provisional de la Corte de Contitucionalidad (CC).

En julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el cese de labores del proyecto Fénix, que opera la Compañia Guatemalteca de Níquel (CGN), en el Estor Izabal, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no cumplió con realizar una consulta comunitaria en 2005, cuando la compañía solicitó una extensión de licencia, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La alta corte emitió su fallo ordenando al MEM, realizar una preconsulta y consulta comunitaria en un plazo de 18 meses. En el documento publicado para dar a conocer su decisión, agrega que la compañia no podrá operar y que debe delimitar su espacio de operaciones a 6.29 kilómetros de los 247, que tiene autorizados.

En dicha sentencia emitida en julio de 2019, se reduce el área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 por que el resto no cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC. Por el momento no se ha delimitado el área de la licencia porque la resolución de 2019 no habla de un área en kilómetros y la de 2020 aún no está en firme, agrega el MEM.

El pasado 1 de marzo la alta corte resolvió las solicitudes de aclaración y ampliación pendientes sobre el fallo emitido, por lo que el MEM emitió un comunicado, informando que se encuentran a la espera de las notificaciones correpondientes y así dar paso al proceso para realizar una consulta comunitaria en el área de influencia del proyecto.

 

Fuente de inversión y desarrollo

Hasta ahora, la Compañia Guatemalteca de Níquel (CGN), ha invertido más de USD 700 millones de dólares en el proyecto que beneficia a la economía del municipio del Estor. Durante la crisis derivada por la pandemia del covid-19 ha contribuído con más de Q2 millones de quetzales, en alimentos, proyectos de salud, saneamiento y agua, para mitigar el impacto de la enfermedad.

Un eventual cese de operacione derivaría en un impacto negativo para la comunidades de impacto del proyecto, tomando en cuenta que se perderían dos mil fuentes de empleo directo y decenas de empleos indirectos, tomando en cuenta que la compañia mantiene relaciones comerciale con al menos 300 proveedores.

Recientemente, el sector industrial agremiado en la Cámara de Industria de Guatemala, emitió su postura lamentando las decisiones de la Corte de Constitucionalidad al considerar que atentan contra el estado de derecho y ponen en duda la certeza jurídica en el país.

 

Proyectos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad

Proyecto Fénix

La noticia la recibió el MEM el pasado viernes, además de suspender la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, se delimita el área de operaciones del proyecto y ordenar una consulta comunitaria. Desde que se conoció la primera resolución de la corte en julio de 2019, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y se realizó una actualización en 2018.

Proyecto El Escobal

El proyecto propiedad de Panamerican Silver, se mantiene suspendido desde julio de 2017. El MEM inició las convocatorias para iniciar con el proceso de consulta, en noviembre del 2018; luego que la corte resolviera en septiembre del mismo año, que podría retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta. Discrepancias de criterio con el Parlamento Xinca, impiden concretar la mesa de preconsulta. Mientras el MEM establece que se debe convocar a un titular y un suplente como representantes, el Parlamento Xinca propone a 59 personas, argumentando que la sentencia indica que se deben seguir las costumbres que prevalecen dentro de su comunidad.

Progreso VII Derivada, “La Puya”

El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, debido a su cercanía con una comunidad que se conoce por el mismo nombre, fue suspendido en noviembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia y de forma definitiva en 2016. Kappes, Cassiday & Associates tiene vigente una demanda de arbitraje por US$300 millones en contra del Estado de Guatemala, luego de la suspensión, que se produjo tras una orden judicial similar lanzada por la ONG Calas, también basada en el convenio 169 OIT.

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