Caso Teco: Estado de Guatemala debe pagar US$27 millones

Caso Teco: Estado de Guatemala debe pagar US$27 millones

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La demanda de arbitraje se dio bajo el capítulo 10 de inversión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) por el reclamo de la empresa por el monto fijado del Valor Agregado de Distribución (VAD) que se estableció para el periodo 2008-2013.

De acuerdo con el laudo del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) el Estado guatemalteco debe pagar US$27 millones (Q207.70 millones) a Teco Guatemala Holdings. Las autoridades fueron notificadas de la decisión arbitral que se publicó el 13 de mayo pasado y que corresponde a la nueva sumisión que se presentó en 2016.

Teco, inversionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), demandó a Guatemala por US$350 millones reclamando daños históricos y daños futuros. En 2012, el Ciadi falló a favor del Estado guatemalteco en la demanda que por el VAD presentó Iberdrola que pretendía un pago de US$672 millones.

En 2013, el tribunal consideró que Guatemala vulneró el trato justo y equitativo que se establece en el DR-CAFTA y ordenó el pago de US$21.1 millones a Teco por los daños históricos.

En 2010, el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) adquirió el 80 por ciento de las acciones de la EEGSA, el Estado posee una participación del 14 por ciento.

El origen del primer caso tiene que ver con la aplicación de tarifas de energía que hizo la Comisión para el periodo 2008 y 2013.

La compañía alegó que esa fijación violó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. De esa forma, Guatemala redujo “ilegalmente” los ingresos de los inversores, argumentó Teco.

El VAD es el monto máximo que las compañías de distribución de energía pueden cobrar al usuario, lo cual sirve para mantenimiento a la red y para que las empresas hagan nuevas inversiones.

En principio, la demanda de Teco Holdings LLC contra Guatemala era de US$350 millones.

El tribunal de Ciadi resolvió en 2013 que Guatemala “violó la obligación de conferir a la inversión de Teco un trato justo y equitativo”, en virtud de lo que establece el artículo 10.5 del acuerdo comercial, referente a inversiones. Sin embargo, este Guatemala y Teco pidieron entonces la anulación y el caso continuó en otra fase legal.

La sentencia en contra del Estado de Guatemala, fue confirmada por Randolph D. Moss, juez federal de Washington DC, el 1 de octubre de 2019.

Otras demandas pendientes

Cabe menciona que el Estado de Guatemala, aún mantiene pendiente una demanda presentada en diciembre de 2018, por US$300 millones derivada de la suspensión de operaciones del proyecto minero El Tambor, más conocido como La Puya.

La demanda fue interpuesta por Daniel W.Kappes Kappes, Cassidy Associates. En este caso, según el Ministerio de Economía (Mineco), aún se analiza la estrategia legal que utilizará el Estado.

Con información de El Periódico

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