Caso Minera San Rafael: Tres meses de silencio de la CC

Caso Minera San Rafael: Tres meses de silencio de la CC

Compartir

A tres meses de realizada la audiencia pública del caso de Minera San Rafael, celebrada el 25 de octubre de 2017, el pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), sigue sin emitir una resolución, pese a las peticiones de representantes del sector productivo, quienes se han pronunciado para hacer un llamado a que este caso sea resuelto apegado a derecho.

Minera San Rafael, en todos sus pronunciamientos ha asegurado que es respetuosa de las leyes, y que su postura en este caso ha sido siempre la de actuar conforme a las resoluciones emitidas por la justicia guatemalteca.

Sin embargo la falta de una resolución y la evidente falta de certeza jurídica, ya le costó a la compañía prescindir del contrato de 250 de sus colaboradores, ante la imposibilidad de continuar sosteniendo sueldos y prestaciones, derivado del cese de sus operaciones desde julio de 2017.

La principal preocupación, según los agremiados al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara Guatemalteca de Comercio (CGC) y la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), que se han pronunciado públicamente, es la de garantizar la certeza jurídica y con ello el clima de inversiones en el país, que se ve afectado por las bajas calificaciones obtenidas en importantes índices económicos internacionales, durante 2017.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Ancham) analiza la posibilidad de accionar legalmente en contra de los Magistrados de la CC, “por incumplimiento de deberes.

Son diversos los sectores que han señalado a los magistrados de la CC, como los responsables de la inestabilidad económica del país, incluyendo al presidente Jimmy Morales.

No solo hay que evaluar al Gobierno central sino las “resoluciones y disposiciones” de la Corte de Constitucionalidad, afirmó el presidente. “Tuvimos un 2.9% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero, si no se hubiera cerrado, como se cerraron algunas minas, hubiéramos tenido un 0.7% adicional, eso nos sumaría 3.6%” .

Agregó, al ser consultado sobre el tema. Para el expresidente de la CC, Roberto Molina, el actuar del pleno deja mucho que pensar, técnica y legalmente ese atraso en la resolución no se justifica. Hay operadores externos que viven del conflicto y que se podrían beneficiar con ese retraso”, aseguró. Al respecto la CC no se ha pronunciado, y se ha limitado a asegurar a través del vocero Santiago Palomo, que por se un caso delicado, no se tiene una fecha prevista para dar una resolución.