Caso Fénix: Una resolución fuera de tiempo y de contexto

Caso Fénix: Una resolución fuera de tiempo y de contexto

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Las repercusiones económicas del estado de emergencia que atraviesa el país, derivado del covid-19, son sensibles para la mayoría de guatemaltecos. Las resoluciones judiciales recientes, además de poner en entredicho la certeza jurídica, no promueven la reactivación de la economía, por el contrario agrava la situación generando falta de empleo.

En julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó el cese de labores del proyecto Fénix, que opera la Compañia Guatemalteca de Níquel (CGN), en el Estor Izabal, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no cumplió con realizar una consulta comunitaria en 2005, cuando la compañía solicitó una extensión de licencia, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La alta corte emitió su fallo ordenando al MEM, realizar una preconsulta y consulta comunitaria en un plazo de 18 meses. En el documento publicado para dar a conocer su decisión, agrega que la compañia no podrá operar y que debe delimitar su espacio de operaciones a 6.29 kilómetros de los 247, que tiene autorizados.

El fallo llega en un momento atípico para el país, tomando en cuenta que desde marzo pasado, el gobierno mantiene un estado de emergencia y restricciones que han afectado sobremanera al sector productivo del país, llevando incluso al cierre de pequeñas y medianas empresas, ante el azote del covid-19.

Las decisiones de la corte, nuevamente ponen en entredicho la certeza jurídica, evidenciando la falta de garantías para potenciales inversiones extranjeras, necesarias para reactivar la economía, y que son la apuesta de las actuales autoridades de gobierno, para lograrlo. Además, dejan en la incertidumbre a decenas de familias, cuyo sustento dependía de una plaza laboral que debe ser cancelada.

Resoluciones de la CC en cuanto al sector extractivo mantienen paralizados al menos tres proyectos, bajo el argumento de falta de consultas previas; situación que ha derivado en la pérdida de más de diez mil plazas laborales directas e igual número de empleos indirectos, además de la ausencia de ingresos en las arcas del Estado por concepto de regalías e impuestos.

Por el contratrio, proyectos hidroeléctricos que según la corte tampoco han cumplido con los requisitos establecidos en el convenio 169 OIT, han mantenido sus operaciones mientras se realizan las consultas requeridas. Tal es el caso de de la hidroeléctrica Oxec, donde a pesar que hubo una orden de suspensión de labores, la consulta se logró efectuar en seis meses a partir de la sentencia.

Al consultar al Ministerio de Energía y Minas sobre este fallo, a través del departamento de Comunicación Social, respondió que no es posible emitir una opinión, pues aún no ha sido notificados por la Corte de Constitucionalidad.

El costo económico de las decisiones de la CC

En 2017, cuando se ordenó el cese de operaciones del proyecto El Escobal, además de registrar millonarias pérdidas en recaudación de impuestos, Guatemala se ubicó entre los países de riesgo para la inversión extranjera, por importantes firmas internacionales dedicadas a evaluar las condiciones de riesgo país.

“Sin inversión no hay empleos, por lo que esta situación afecta a todo el país y la CC ha sido la principal responsable con resoluciones que contradicen dos décadas de jurisprudencia, de la baja de inversión extranjera en el país”, asegura el presidente de Amcham Juan Pablo Carrasco.

Un fallo diferente, representaría una inyección significativa de fondos para las arcas estatales, facilitando el cumplimiento de las proyecciones crecimiento económico, establecidas por el Banco de Guatemala (Banguat) situadas entre 3.1 y 3.4 por ciento para 2021.

Para el presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Enrique Montano, “los magistrados deben emitir resoluciones alejadas de tintes político y populistas”.

Sin embargo, los magistrados parecen no tomar en cuenta las consecuencias de sus decisiones, pues a razón de Q5 millones diarios que dejarón de circular por concepto de impuestos, regalías y pagos a proveedores, la economía nacional resiente hasta hoy, la falta de un estimado de Q5 mil 475 millardos en las arcas estatales.

Proyectos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad

Proyecto Fénix

La noticia la recibió el MEM el pasado viernes, además de suspender la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, se delimita el área de operaciones del proyecto y ordenar una consulta comunitaria. Desde que se conoció la primera resolución de la corte en julio de 2019, la compañía aseguró que en el 2005 se llevó a cabo la consulta comunitaria y se realizó una actualización en 2018.

Proyecto El Escobal

El proyecto propiedad de Panamerican Silver, se mantiene suspendido desde julio de 2017. El MEM inició las convocatorias para iniciar con el proceso de consulta, en noviembre del 2018; luego que la corte resolviera en septiembre del mismo año, que podría retomar operaciones siempre y cuando se realice una consulta. Discrepancias de criterio con el Parlamento Xinca, impiden concretar la mesa de preconsulta. Mientras el MEM establece que se debe convocar a un titular y un suplente como representantes, el Parlamento Xinca propone a 59 personas, argumentando que la sentencia indica que se deben seguir las costumbres que prevalecen dentro de su comunidad.

Progreso VII Derivada, “La Puya”

El proyecto El Tambor o Progreso VII Derivada también es conocido como La Puya, debido a su cercanía con una comunidad que se conoce por el mismo nombre, fue suspendido en noviembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia y de forma definitiva en 2016. Kappes, Cassiday & Associates tiene vigente una demanda de arbitraje por US$300 millones en contra del Estado de Guatemala, luego de la suspensión, que se produjo tras una orden judicial similar lanzada por la ONG Calas, también basada en el convenio 169 OIT.

Actualmente la CC tiene en sus manos dos acciones por el caso de la hidroeléctrica Renace, ello luego que luego que la Corte Suprema de Justicia reconociera que existió una violación al Convenio 169 OIT, pero resolvió que las labores de la empresa no debían suspenderse. El complejo hidroeléctrico ubicado en Alta Verapaz, genera el 16 por ciento de la energía que consume el país. De ordenarse un cese de labores, el precio del servicio se elevaría considerablemente.

Es por ello, que decisiones que afecten desde una plaza laboral que es el sostén del hogar, hasta las finanzas de un país, deben ser meditadas por quienes tienen en sus manos la correcta aplicación de justicia en beneficio de todo un país y no únicamente de un sector determinado.

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