CALAS y sus nexos con Magistrados

CALAS y sus nexos con Magistrados

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En Junio de 2017, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia Morales Aceña, Vocal X de la Cámara Civil, participó en el lanzamiento de la campaña denominada “Mujeres de Oriente”, actividad organizada por El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

La presencia de la togada en esta actividad, cuyo propósito fue resaltar la historia de vida de 12 mujeres defensoras de Derechos Humanos y sus acciones en contra de las actividades extractivas, no tendría nada de particular, de no ser que en determinado momento, pudo tener bajo su jurisdicción, las acciones legales que llevaron al cese de operaciones de Minera San Rafael.

Pero ahí no quedan los nexos entre la ONG y los magistrados. En redes sociales circularon fotografías del magistrado y expresidente de la CSJ, Nery Osvaldo Medina Méndez, acompañando a Melini en la inauguración del Juzgado de Ambiente en San Benito, Petén, en 2015.

La Magistrada María Eugenia Morales Aceña, también participó como invitada de varias actividades organizadas por la citada ONG, las fotografías fueron publicadas en el perfil de dicha organización en la red social Facebook.

Ante la cercanía del entonces director de CALAS y de su director legal Rafael Maldonado, a Magistrados de la CSJ, surgen dudas e incluso declaraciones de supuestas irregularidades en el actuar de los togados del alto organismo de Estado.

En su momento, llamó la atención una publicación realizada por Rafael Maldonado, el 27 de febrero del 2017, anunciando en su perfil en Facebook que las operaciones de la Mina San Rafael llegarían a su fin en el mes de agosto.

ANTES DE AGOSTO, LA MINA EN SAN RAFAEL LAS FLORES, SE TERMINA!! La lucha legal contra la criminal Minera San Rafael lleva ya casi cuatro años, a pesar de haber ganado todos los amparos que suspendían las operaciones de la empresa, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por medio de corrupción y tráfico de influencias la mantienen operando. Ante ello, hoy en lo personal y como CALAS, hacemos compromiso para que antes de agosto, ESA MINA TERMINA!!! Quiénes más se comprometen?? indica que manera textual la publicación.

El jueves 22 de junio, los magistrados de la CSJ suspendieron las licencias para la continuidad de las operaciones de MSR, notificando a las partes involucradas hasta el miércoles 5 de julio.

Crea suspicacia el cambio del día de la sesión del pleno de magistrados, ya que regularmente las sesiones se realizan los días miércoles y no jueves, como ocurrió, cuando tomaron la decisión de otorgar el amparo provisional a CALAS.

Allanado el camino con jueces poco ilustrados en estos ámbitos, la realidad de cobros y juegos a doble o triple banda por parte de ONG’s como CALAS, deja más que claro de que va su agenda. Intereses económicos y poco menos que eso“. Aseguró Carmen Salguero, Coordinadora Eje Solidaridad Mejoremos Guate de FUNDESA.

El turno de la Corte de Constitucionalidad
Luego de conocer la resolución de la CSJ, los representantes legales de la Minera, acudieron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y presentaron un recurso de apelación para que se revocara la decisión. Al parecer, todo sería resuelto antes que finalizara el 2017, sin embargo, el proceso en la CC se ha estancado y se mantiene en un impasse.
En la CC han ocurrido varias irregularidades durante el trámite para conocer la apelación del amparo provisional otorgado por la CSJ, tales como:

– La falta del conocimiento del expediente completo.
– Omisión de resolver en un plazo razonable dicha apelación.
– Violación al principio de Juez Natural e Imparcialidad Judicial.
– Comunicación por medios no oficiales.
– Se ha denegado la entrega de información pública como lo son las copias de las actas de las sesiones celebradas.

Cabe mencionar que al momento en que se otorgó el amparo provisional a CALAS, no se respetó el criterio de la CSJ y de la CC en relación a la suspensión del acto reclamado citando el punto de omisión de consulta.

Además, el auto de la CC mediante el cual se confirma el amparo provisional, tiene 2 votos disidentes, uno de ellos razonado, en el cual se confirma: Magistrados en orden numérico, órganos jurisdiccionales competentes son totalmente distintos.

Según el Artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el amparo debía haberse resuelto en 5 días hábiles, después de celebrarse la vista pública del caso, trámite que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2017.

Algo que es inusual en este proceso, es que la CC se apartó de su jurisprudencia y reconoció la legitimación activa de CALAS para que interpusiera amparos en materia ambiental en un auto de aclaración, aún cuando a través del mismo, no pueden modificarse las fundamentaciones de fondo de la sentencia.

El actuar de los magistrados fue criticado por Roberto Molina Barreto, exmagistrado y constitucionalista quien aseguró que: “se trata de una grave anomalía que no se justifica bajo ningún punto de vista, técnica y legalmente ese atraso en la resolución no se justifica. Hay operadores externos que viven del conflicto y que se podrían beneficiar con ese retraso”.

La pasividad de la CC tampoco ha pasado inadvertida. En abril de 2018, solicitaron una serie de informes a universidades y dependencias de Estado bajo la figura del “auto para mejor fallar”. Los documentos fueron entregados y hasta hoy, no existe información del avance del caso y menos fecha para resolver.

Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de la Industria (CIG), aseguró que la actitud de la CC ha creado incertidumbre en las inversiones extranjeras debido a la falta de Certeza Jurídica que demuestra el país a nivel internacional.

La CIG presentó un memorial ante la corte, solicitando agilizar la resolución del caso MSR y conocer detalles del mismo. “La información de ese memorial nos fue denegada, pues se nos informó que estaba reservada para las partes involucradas. Presentamos otro memorial, solicitando una aclaración amplia del por qué de esa negativa, si también presentamos un recurso Amicus Curiae, pero hasta ahora seguimos esperando una respuesta”. Aseguró Teffel.

Esta situación llevó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a requerir por medio de un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC) un detalle sobre el manejo y avance del expediente, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En el memorial presentado el pasado 18 de julio, se solicita conocer el nombre del magistrado a cargo, cuántas veces los magistrados han presentado sus ponencias, que se entreguen audios y videos sobre el retiro de las ponencias del pleno y el estado administrativo del expediente.

Lo que se constituye en una tragedia es un sistema de justicia inerte. El máximo ente rector de la constitución del país no ha emitido pronunciamiento con lo que desafía los plazos de ley que esta obligado a cumplir. Sin embargo, nos sorprende que si ha conocido con celeridad otros casos, con lo que se acrecienta la duda sobre la forma en que actúa la corte. Ni los trabajadores ni la economía están en condiciones de esperar que la corte salga de su letargo”, afirmó Marco Augusto García Noriega, presidente del CACIF.

El retraso en la resolución ha generado que diversas cámaras empresariales hayan acudido a presentar memoriales y recursos, solicitando se agilice el trámite ante las pérdidas económicas millonarias que esto provoca para el país, sin tener hasta hoy alguna respuesta de la corte.

La preocupación llegó hasta la misma CC en donde el pasado mes de mayo la magistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr envió un memorial al pleno para solicitar “que se tomen las medidas pertinentes, en el menor tiempo posible y se presente el proyecto de ponencia” para dar resolución al caso.

La carta de la magistrada Araujo expone “profunda preocupación por los campos pagados” que fueron publicados en los medios de comunicación Prensa Libre y El Periódico el 17 de mayo, “mediante los cuales exhortan a la Corte de Constitucionalidad para que ponga fin a la incertidumbre provocada por la falta de resolución”.

La togada también hace referencia a las vallas en las que se divulga el mensaje de que “el retardo en la administración de justicia también es corrupción”. “Dichas situaciones no solamente afectan la imagen institucional, sino que ponen en evidencia el retraso que en la emisión de la resolución se ha tenido”.

Extraoficialmente se conoce de una campaña a lo interno de la máxima instancia de justicia del país, liderada por una persona cercana a los ahora exdirectivos de CALAS, que ha intentado generar presión para que los magistrados que integran el pleno voten en contra.

El director de Amcham, Juan Pablo Carrasco, aseguró que ante la falta de legitimidad del amparo que favoreció a CALAS derivado de los señalamientos de corrupción, “se debe iniciar una investigación de parte del Ministerio Público (MP), ante posibles nexos de esta organización con algún magistrado o magistrada de la CC, pues es sospechoso el actuar del máximo ente de justicia de país en el caso de MSR“.

De accionar en este caso, el MP y con ello solicitar el antejuicio en contra de la CC, sería la Corte Suprema de Justica (CSJ), la encargada de autorizar la investigación, para determinar si el actuar de la CC, obedece a intereses económicos particulares o se basa en principios fundamentados en derechos.

El analista Renzo Rosal coincide en que la denuncia debe incidir en este caso, por ello recomendó que siendo CALAS el principal acompañante de las acciones que mantienen paralizada la labor de MSR, se proceda ahora a una revisión completa del expediente, derivado de los cuestionamientos de probables actos de corrupción y de los evidentes intereses que existen detrás de ello.

Se ha especulado bastante sobre los intereses económicos que ha tenido este abogado Maldonado, quien parece que el acompañamiento que estaba naciendo a las comunidades, no lo estaba haciendo de forma solidaria, algo que no es ilegal, pero le quita legitimidad a las acciones presentadas. Es un buen momento para que la Corte de Constitucionalidad realice una revisión completa, pues es probable que el caso de Minera San Rafael, sea parte de las diferencias internas de la organización denunciante“, afirmó.

En abril pasado durante la toma de posesión como presidente de la CC, la magistrada Dina Ochoa, se comprometió a resolver el caso a la brevedad posible, tres meses después, la espera continúa.

La preocupación es grande, pues a las pérdidas millonarias para la economía del país, se suma el creciente índice de desempleo, la falta de cumplimiento en las metas de crecimiento económico, la pérdida de importantes inversiones y todo por la falta de certeza jurídica que prevalece en el país.