Buscan frenar 90 licencias  mineras que permiten el desarrollo y empleo

Buscan frenar 90 licencias  mineras que permiten el desarrollo y empleo

 La acción busca entorpecer el desarrollo del país

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El diputado, Leocadio Juracán junto al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco  presentaron una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ),con la que se busca de nueva cuenta,  frenar los proyectos mineros y afectar la  inversión y el  empleo en el país.

Se trata de dos acciones, que  pretenden que se suspendan 48 licencias de exploración y 42 de  explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) bajo el argumento de que  no se respetó  la consulta a  pueblos indígenas  del convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), pese a que existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena al MEM hacer la consulta a comunidades  basado en lo estipulado en el citado acuerdo.

Ante dicha situación  integrantes de la Cámara de Industria guatemalteca (CIG), analizan las acciones planteadas a fin de tener  una postura del sector privado, ante la evidente intención de afectar la economía del país, y poniendo nuevamente en el ojo del huracán la falta de certeza jurídica.

Datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) da cuenta que la industria minera aportó casi mil millones de quetzales al Estado de Guatemala, entre regalías, oficiales y voluntarias, pago de impuestos y otros, durante 2014 -2015 , coadyuvando al sostenimiento de la economía nacional.

En retiradas ocasiones Carmen Moreno, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  ha  referido  que “la  consulta, no es un referéndum, no es un plebiscito, sino  un diálogo de buena fe entre dos partes, el Gobierno y los Pueblos Indígenas, para potenciar los beneficios de cualquier medida que se tome”, por lo que el convenio es un instrumento de buena gobernanza, de contribución al desarrollo y al crecimiento.