Antecedentes de la Legislación Minera en Guatemala, parte II

Antecedentes de la Legislación Minera en Guatemala, parte II

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Con este nuevo Código se logra una mayor actividad en la exploración y explotación, lo que se hacía por medio de un “Contrato” entre el Gobierno y el interesado.

En 1955, el presidente Carlos Castillo Armas, con el fin de estimular la inversión de capitales en la búsqueda y explotación de riquezas minerales, promulgó el Decreto 272, en el que se indicaba que Ministerio de Economía y Trabajo podría otorgar licencias con carácter extraordinario para efectuar exploraciones mineras a personas naturales o jurídicas, guatemaltecas o extranjeras.

El 22 de abril de 1965, se emitió el Código de Minería, Decreto Ley 342, que derogó los decretos 2000 y 272. Conforme a esta ley se otorgaron concesiones de exploración y de explotación. El reglamento fue emitido en 3 de marzo de 1967 y entro en vigor el 10 de marzo del mismo año.

En el Decreto 342 regulaba de forma especial las explotaciones de canteras, por lo que se emitió el Decreto 47-69, Ley de Canteras, que entró en vigor el 20 de septiembre de 1969.

El 17 de octubre de 1983, se promulgó la Ley de Fomento de La Pequeña Minería, Decreto 132-83. El 12 de julio de 1985, entró en vigor el Decreto 69-85, el cual derogó las leyes anteriores. Su reglamento fue emitido por medio del Acuerdo Gubernativo 1349-85 y las modificaciones de la ley y reglamento, por el Decreto 125-85 y el Acuerdo Gubernativo 1211-88, respectivamente.

El 1 de febrero de 1991 entró en vigor el Decreto 55-90, Ley de Fomento de La Pequeña Minería, el cual pretendía normar y estimula todas las exploraciones y explotaciones de pequeña escala en el país.

Se puede decir de manera rápida que el Decreto 69-85 contenía una gran cantidad de trámites para adquirir un derecho minero, además de muchos requerimientos técnicos, que desmotivaban la inversión y daba lugar a que se incrementara el número de explotaciones ilegales.

Con la ley de la Pequeña Minería se buscaba incentivar a los pequeños productores y a los que trabajaban ilegalmente a acogerse a esta ley, sin embargo fue la misma Dirección General de Minería la que propuso cambios para mejorarla y hacerla más eficiente.

En 1993 se promulga el Decreto 41-93 y luego el 48-97, la actual Ley de Minería, la cual busca lograr la estabilidad jurídica, destacando el interés social económico de la industria minera y dando las facilidades necesarias.

Se promueve la transparencia de los mecanismos técnicos y administrativos para el otorgamiento, por medio del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación.

En la actual norma el Estado garantiza la exclusividad de la licencia para el área otorgada.

Consecuentemente, los titulares gozan garantías que protegen las inversiones, concretamente es posible otorgar prórrogas sin más trámite, asimismo la credencial para exportación de minerales se hace entrega al titular al momento del otorgamiento en los casos de licencia de explotación.

Por otra parte, los titulares de licencias de reconocimiento y exploración, tienen derecho a extraer muestras con fines no comerciales.

Por su potencial minero, las áreas declaradas por el Estado como Áreas Especiales de Interés Minero, son otorgadas por medio de un procedimiento de convocatoria a concurso público, donde podrán participar empresas locales y extranjeras.

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