Antecedentes de la Legislación Minera en Guatemala, parte I

Antecedentes de la Legislación Minera en Guatemala, parte I

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La Constitución, en su artículo 125, declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación.

Es por ello que a lo largo de la historia, se han emitido diversas normas que buscan regular e incentivar la actividad minera en el país, por lo que es importante conocer un poco de la misma, de la cual, parte encontramos en el sitio del Ministerio de Energía y Minas:

El primer documento legal es de el 3 de diciembre del 1501, cuando fueron expedidas las Reales Cédulas para regir los asuntos mineros en América. Con estas, los reyes de España otorgaban el permiso para buscar y explotar minas, siempre y cuando se pagara el quinto, el diezmo o el vigésimo del valor de los minerales extraídos.

El siguiente sistema que se utilizó fueron las Capitulaciones, que no eran más que un contrato por tiempo definido. Un ejemplo de estas es el contrato que se le otorgó a Diego de Nicuesa, en 1508, por un período de 10 años.

Las Reales Cédulas y las Capitulaciones sólo eran otorgadas a la nobleza y fue hasta 1573, cuando se dejó libre el aprovechamiento de lo que extrajeran.

En 1618 se recopilaron todas las normas o leyes relativas a la explotación minera, las cuales forman parte de las llamadas “Leyes de Indias”.

El régimen minero español se mantuvo vigente hasta 1881, a raíz de que el 16 de abril de 1880, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto 6, por medio del cual autorizó al Poder Ejecutivo para que emitiera y sancionara el código Fiscal. El 17 de junio del 1881, durante la administración del general Justo Rufino Barrios, se promulgó el Decreto 263, el Código Fiscal, el cual en el título XI normaba las explotaciones mineras bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda.

El capítulo I de dicho código, contemplaba lo concerniente a la propiedad de minas. El presidente Manuel Estrada Cabrera, el 1 de julio de 1907, acuerda crear la Dirección General de Minería, Industrias Fabriles y Comercio, adscrita a la Secretaria de Fomento. El 30 de junio del 1908, el gobierno de Estrada Cabrera, emitió el Decreto 686, Código de Minería, el primero del país.

La actividad minera estuvo regida por dicho código hasta el 6 de mayo de 1932, cuando la Asamblea Legislativa promulgó el Decreto 1828, Ley de Minería e Hidrocarburos, cuyo el Reglamento fue emitido el 5 de agosto de 1932 por el presidente Jorge Ubico.

Dados los inconvenientes que presentó dicho decreto, el 19 de junio del 1933, por medio del Decreto 1403, se emitió la Ley de Minería y por el Decreto 1404, la Ley de Hidrocarburos.

El 14 de mayo de 1934 se sustituyó el Decreto 1403, por el Decreto Legislativo 2000, el cual sufrió modificaciones en los años de 1934 y 1935, y en 1937 se le adicionó el requisito de exhibir pruebas suficientes de capacidad económica, a quienes pretendieran explotar una mina.

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