AmCham pide garantías para la inversión extranjera

AmCham pide garantías para la inversión extranjera

Entidad señala que están en riesgo cuatro mil millones de dólares

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La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) emitió un comunicado en el que expone las diferentes circunstancias que ponen en peligro una inversión de capital extranjero estimada en cuatro mil millones de dólares, en los sectores eléctrico, agrícola y minero, especialmente las derivadas de resoluciones judiciales.

La entidad expone su preocupación por las resoluciones que suspenden operaciones de hidroeléctricas e industrias extractivas, emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC), las que en su opinión, van en contra del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque se basan en que la falta de consultas es un motivo para el cese de operaciones, cuando es lo contrario.

Es decir, no hacer una consulta no es motivo para detener un proyecto, porque ello causa una situación que viola los derechos de las empresas extranjeras y desalienta a futuras inversionistas.

“Estamos en un periodo de movimientos ideológicos radicales de grupos a favor del conflicto social, así como tergiversación y de abierta oposición cualquier proyecto, sin demostrar realmente o tener alguna representación legitima o democrática de las comunidades”, se consigna en el comunicado, frase atribuida a Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham.

Otro punto importante que se destaca es que la cancelación o suspensión de operaciones mineras o hidroeléctricas, “sabotea los objetivos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte con Estados Unidos, que busca disminuir los elevados costos de la Energía Eléctrica así como aumentar los bajos niveles de inversión y generar empleos”, dice el boletín.

Carrasco enfatiza además que de continuar con esa “interpretación del Convenio 169 de la OIT”, aunado a un movimiento dirigido a frustrar el desarrollo”, el cual implicará disminución de la inversión extranjera, unos 445 mil empleos directos perdidos y más de 780 millones de dólares en impuestos estarían en riesgo.

Además preocupa que las autoridades judiciales no observen que con este tipo de resoluciones implican violaciones a las garantías de la inversión, adquiridas al suscribir el DR-CAFTA, que incluyen la obligación de proteger la inversión extrajera de expropiación sin compensación.