Ahora surgen agrupaciones que no quieren que se reglamente la consulta

Ahora surgen agrupaciones que no quieren que se reglamente la consulta

Agrupaciones obvian, a propósito, el deber del Gobierno de liderar dicha consulta.

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Delegados de 11 de organizaciones indígenas, que dicen representar a igual número de municipios del departamento de Chimaltenango, fijaron su postura con relación a la reglamentación de la consulta previa prevista en el Convenio 169 (C169) sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque ello no es necesario.

“No sólo dispone (el C169) que la consulta comunitaria debe de hacerse de buena fe, sino también establece que deben realizarse a través de las autoridades indígenas, por medio de sus procedimientos propios, con pertinencia cultural, en el idioma que hablan los integrantes de la comunidad, con información clara y precisa, y sin que haya ningún tipo de coerción hacia las comunidades”, afirmaron los dirigentes.

Sin embargo, lo que estos representantes obvian y que estipula el C169, es el artículo segundo, el cual establece son los gobiernos los encargados de hacer dicha consulta:

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad

Esta acción deberá incluir medidas

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias Socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Ahora que el Gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, bajo el liderazgo de la ministra Aura Leticia Teleguario, tomó la iniciativa de cumplir con este mandato, las organizaciones que han desarrollado consultas bajo sus propias reglas, no las del C169, se oponen a que el Estado cumpla su rol.

Carmen Moreno, directora regional de la OIT, durante su participación en el foro “Situación del Derecho de Consulta en el Convenio 169”, afirmó que la consulta es un diálogo, no una votación o plebiscito.

El convenio no da derecho a veto, afirmó Moreno en varias entrevistas, declaración que las organizaciones que se oponen a la reglamentación, utilicen para decir que la OIT está en contra de ellas.

Según el C169, la única situación que obliga a los gobiernos a considerar de forma especial los resultados de las consultas, es cuando la medida a tomar implica la reubicación de los pueblos indígenas. Pero, aún así, el Estado puede definir esta situación, si esa reubicación es en beneficio del bien general.

Foto: CPO